El conseller socialista de Economía, Antoni Castells, no había previsto esta posibilidad en el proyecto legislativo que llevó al Parlament el pasado enero. Pero el tripartito negoció el apoyo de CiU que, a cambio, solicitó la incorporación de este precepto y también la creación de la futura Administración Tributaria de Cataluña y la introducción de la figura del defensor del contribuyente. Lo que el tripartito había previsto en un principio era que la Agencia Tributaria catalana se responsabilizase de los tributos propios de Cataluña, es decir, de los creados por la Generalitat que no existen, por tanto, en otras comunidades autónomas, y de los cedidos totalmente por el Estado a esta autonomía, que sería algo así como los que la Administración central regaló en su día a la catalana.

Este diseño tributario no modificaba el panorama preestatutario. La Dirección General de Tributos de la Generalitat ya se encarga hace tiempo de todo lo relativo a estos dos tipos de impuestos. Cataluña ya recaudaba los cuatro tributos que le cedió el Estado: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio (que podría desaparecer en un futuro no muy lejano) y la Tasa sobre los Juegos de Azar.

Y también gestionaba dos que le son propios: el Impuesto sobre las Grandes Superficies Comerciales y el Gravamen de Protección Civil. El Estado también cedió a la Generalitat el Impuesto sobre Medios de Transporte, el de Electricidad y el que grava la venta minorista de determinados hidrocarburos, pero Castells decidió dejar para más adelante la asunción de su gestión debido a la complejidad que supondría su recaudación por parte de la nueva Agencia.

La aceptación de la enmienda de CiU podría cambiar la situación y permitir que la Generalitat recaudase todos los impuestos que se devengan en Cataluña, tanto si se trata de tributos parcialmente cedidos como otros de los que el Estado se ha reservado la totalidad de su titularidad.

Entre los parcialmente cedidos están el IRPF, el IVA, los impuestos especiales que gravan el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos y el de Productos Intermedios. Y el Impuesto de Sociedades, que es el claro ejemplo de un impuesto que pertenece íntegramente al Estado.

La Administración central no ha querido nunca soltar este tributo, en parte porque considera que la gestión individual desde una comunidad podría alterar el mapa empresarial español: ¿se instalarían más empresas en Cataluña si la Generalitat bajase el tipo impositivo que se paga en el resto del país? Pero también hay otro motivo: la recaudación de este impuesto es muy suculenta y el Estado no la quiere perder.

El primer texto estatutario que aprobó el Parlament establecía que Cataluña recaudaría todos los impuestos generados en esta Comunidad. Luego vinieron las negociaciones en Madrid y los recortes, y la cosa se quedó en que la Generalitat sólo se responsabilizaría de sus propios tributos y de los estatales totalmente cedidos.

El apartado 2 del artículo 204 del Estatut definitivo deja muy claro que «la recaudación de los demás impuestos del Estado devengados en Cataluña corresponderá a la Administración Tributaria del Estado». Sin embargo, este mismo artículo establece la posibilidad de que el Gobierno central «delegue» esta actividad de forma puntual en la Generalitat.

El legislador catalán se ha agarrado a este precepto y ha previsto en el artículo 2.2 de la ley que aprobó ayer la opción de que la nueva Agencia «pueda asumir, si es el caso, por delegación, la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los otros impuestos del Estado» generados en territorio catalán.

Para que esta norma se haga realidad será necesaria una negociación entre los gobiernos español y catalán que concluya con esa delegación. Por tanto, la Generalitat no podrá tramitar los impuestos del Estado en Cataluña si no pasa por una intensa negociación, pero ésa es su voluntad, como ayer expresaron los artífices de la ley.

Castells no tuvo inconveniente en reconocer que la norma aprobada ayer por el Parlament va «más allá» del Estatut. «El Gobierno no puede autoengañarse, pues sabe perfectamente que la voluntad catalana es construir un consorcio, con participación al 50% de la agencia catalana y la estatal, que acabe recaudando todos los impuestos», añadió el líder de CiU, Artur Mas.

La ley prevé la creación del consorcio, de acuerdo con las directrices del Estatut, pero, de nuevo a instancia de CiU, ha incluido una disposición adicional que invita al Govern a «promover la transformación de este consorcio» en la Administración Tributaria de Cataluña, lo que sería un primer paso para la desaparición de la Hacienda Pública estatal en esta Comunidad.