Por tanto, al menos en lo que queda de legislatura no habrá un jefe del aparato económico del Gobierno que facilite los objetivos de la nueva legislación catalana. Fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda subrayaron, además, que la cesión de todos los impuestos a una agencia tributaria única en Cataluña implicaría los exclusivos del Estado, como el de Sociedades, «lo que no tendría sentido». Ya en la negociación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Solbes y su entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, se negaron a aceptar una idea inicial de la Generalitat en ese sentido. Además, la cesión del Impuesto de Sociedades a una comunidad autónoma no sólo plantearía problemas para la unidad de mercado e igualdad de condiciones para las empresas españolas, sino que pondría en alerta a la Comisión Europea. En Bruselas se muestran cada vez más reacios a que existan distintos impuestos de Sociedades en el mercado interior europeo, y ha puesto recientemente la proa a la soberanía fiscal del País Vasco por entender que distorsiona con ayudas de Estado ilegales la libre competencia entre empresas europeas.

Por otra parte, Solbes anunció ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano que agrupa a Gobierno y comunidades autónomas) que sólo intentará un consenso para cambiar el modelo de financiación autonómica «si se encuentra un momento óptimo». «Si se convierte en un debate de confrontación política, haremos un mal servicio a la búsqueda de un resultado», afirmó. No quiso excluir expresamente la posibilidad de que se pueda alcanzar ese acuerdo, pero eludió precisar si va a tomar alguna iniciativa para ello, y eso que quedan apenas unos meses hábiles de legislatura. Dio a entender que tira la toalla y pasa el testigo a su sucesor tras las elecciones generales.

Fue precisamente el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, que suele actuar como portavoz de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, el que urgió a Solbes a plantear un cambio en el modelo de financiación. «Si no se hace pronto, tendrán ventaja las comunidades que han logrado en sus estatutos arrancar compromisos de inversión del Estado». Solbes ironizó con que sea el PP el que pida ahora cambios en el modelo, tras defender durante buena parte de esta legislatura que no era necesario porque el impulsado en 2001 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, era adecuado. Camps replicó que desde entonces no sólo se ha producido un gran aumento inesperado de población, con el consiguiente gasto para las autonomías, sino también que ha habido cambios estatutarios que colocan en mejor situación financiera a comunidades como Cataluña. El valenciano preguntó también a Solbes si podía garantizar un trato similar a todas las comunidades autónomas en las inversiones del Estado en los presupuestos para 2008, pero dijo que no se sintió respondido. Por su parte, el consejero de Finanzas de Cataluña, Antoni Castells, presente en el Consejo, intervino para recordar que el nuevo modelo de financiación deberá respetar el Estatut. El sudoku con que Solbes califica la financiación autonómica cobró ayer forma en la reunión de ayer.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó al menos que las comunidades se obliguen a tener un superávit en las cuentas públicas del 0,25% en el periodo 2008-2010 con el voto en contra de Castilla y León, gobernada por el PP. Castells emitió un voto a favor, pero explicando que discrepaba de que su Comunidad en concreto pudiera estar obligada dado lo aprobado en el Estatut.