Fuentes del Gobierno negaron ayer este extremo y añadieron que en la información remitida a la juez francesa Laurence Le Vert no reconocen que el etarra fuera un interlocutor en el proceso de paz. Estas mismas fuentes no quisieron precisar en qué términos responden a la juez sobre el papel de Iurrebaso en los contactos.

La identidad de los supuestos interlocutores de Iurrebaso era uno de los datos solicitados por Le Vert. La juez antiterrorista remitió a la Audiencia Nacional una Comisión Rogatoria para solicitar información sobre los posibles contactos con el Gobierno alegados por Iurrebaso y Kepa Suárez.

Ambos fueron arrestados en Francia el pasado 29 de marzo tras de saltarse un control policial. Ante la policía y la juez se declararon miembros del «aparato de negociación» de ETA y aseguraron que estaban «trabajando por el proceso de paz». En la documentación que se les incautó figuraban dos números de teléfono españoles que supuestamente corresponderían a dos representantes del Ministerio del Interior que actuaban como negociadores..

Candidatos.

Entre los nombres más barajados como interlocutores del Ejecutivo en el proceso de paz se encuentra el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. El parlamentario autonómico ha mantenido contactos con miembros de la banda y líderes de Batasuna durante todo el proceso, que prosiguieron incluso después del atentado de la T-4.

Otro nombre barajado ha sido el del ex responsable de Seguridad del Partido Socialista y experto en la lucha antiterrorista, Fernando Mariscal. El nombre del ex comisario apareció tras destaparse el chivatazo policial que evitó la detención el 4 de mayo del año pasado de la red de extorsión de ETA. Mariscal admitió que 90 minutos antes del chivatazo telefoneó al jefe de la Brigada policial de San Sebastián, responsable de la operación, pero aseguró que sólo lo hizo para felicitarle por su cumpleaños.

La competencia para tramitar la petición de colaboración francesa originó una disputa en la Audiencia Nacional entre los jueces Juan del Olmo y Baltasar Garzón, que ha reclamado sin éxito que el asunto. La negativa de Del Olmo llevó la disputa al Pleno de la Audiencia Nacional, que lo ha incluido en el orden del día de la reunión prevista para hoy.

La celeridad de la respuesta de Interior ha hecho que la Comisión Rogatoria se resuelva antes de que la Sala de lo Penal se pronuncie al respecto. El Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba cumplimentó el martes la petición remitida por Del Olmo la semana pasada. Ayer mismo, el magistrado envió esa respuesta a Le Vert.

El Pleno, compuesto por 17 magistrados y presidido por Javier Gómez Bermúdez, tendrá que resolver antes de nada si sigue teniendo sentido pronunciarse sobre el asunto. En caso de hacerlo, los magistrados sólo lo harían respecto a la competencia para tramitar la Comisión Rogatoria, y no sobre las diligencias abiertas por Del Olmo, ya que el juez aún no ha respondido a la inhibitoria planteada por Garzón.