Los tres socios del Gobierno presidido por Montilla y CiU votaron a favor de la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, cuya constitución estaba prevista en el artículo 204 del Estatuto de Cataluña. De momento, la Agencia Tributaria de Cataluña tendrá como competencias «la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de la Generalitat, así como, por delegación del Estado, de los tributos cedidos». Ello significa que, a partir de ahora, coexistirán dos administraciones tributarias en Cataluña: la del Estado y la nueva Agencia de la Generalitat.

Pero el artículo 204 del Estatuto abrió la vía a una administración tributaria única, integrada «de forma paritaria» por la Agencia Tributaria de la Generalitat y la Hacienda del Estado español. Lo que quieren los nacionalistas es dar ese paso, que permitiría de facto crear un espacio fiscal propio en Cataluña, similar al de los conciertos vasco y navarro.

Antoni Castells, consejero de Economía, reconoció ayer que la ley aprobada para crear la Agencia tributaria «va más allá» de lo que dice el Estatuto, porque en ella se expresa «la voluntad política» de promover esa administración única tributaria.

Aunque el Estatuto señala que la Hacienda estatal tendrá que participar en un 50% en esa administración única, es evidente que su control operativo dependerá de la Generalitat. Los nacionalistas quieren una absoluta autonomía fiscal catalana, incluyendo capacidad normativa sobre todos o la mayoría de los tributos. Eso es lo que pretendía ERC cuando se abordó la redacción del primer borrador del Estatuto, luego enmendado en el Congreso.

El primer problema con el que topan los planes del PSC y los nacionalistas es que su planteamiento resulta probablemente inconstitucional y, en todo caso, rompe el modelo de financiación autonómica y convierte en convidado de piedra al Consejo de Política Económica y Fiscal que integran las comunidades y el Gobierno. No es de extrañar que Solbes haya vuelto a encender la luz de alarma porque una cosa es la recaudación de algunos impuestos y otra la de todos ellos -inspección incluida- , como pretenden los nacionalistas.

Crear un espacio fiscal en Cataluña al margen del Estado sería desastroso por muchas razones, pero además es que probablemente la UE no lo permitiría.

La iniciativa adoptada ayer por el Parlament debería servir de lección a los magistrados del Tribunal Constitucional, que siguen aparcando la deliberación sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el Estatuto. Mientras los nacionalistas avanzan con una política de hechos consumados, los magistrados siguen mirando a la luna.