La secretaria de Política Autonómica y Relaciones Institucionales del PSOE, Carmen Hermosín, calificó ayer de «correcta» la nueva Ley catalana, aprobada el pasado miércoles en el Parlament por sus compañeros del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con apoyo de Convergència i Unió (CiU), al considerarla derivada del Estatut. En su opinión, no es descartable que el Estado quiera delegar en el futuro todos los impuestos, incluso los exclusivos, en la nueva agencia catalana.

Las declaraciones de la dirigente socialista contrastan con las realizadas en la noche del pasado miércoles por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. Solbes afirmó que lo único que ve en el Estatut y que está dispuesto a aplicar «es un consorcio permita la cooperación entre administraciones». El jefe del aparato económico del Gobierno ya descartó en 2005, en la negociación del texto fundamental del autogobierno catalán, que se pudiera abrir siquiera la puerta a que en el futuro una comunidad autónoma pudiera gestionar incluso impuestos exclusivos del Estado como el de Sociedades. La razón es que quiere evitar que haya distinto rasero dentro de España en la gestión e inspección fiscal de tributos que el Estado considera clave para la unidad del mercado y el funcionamiento de la economía.

Sin embargo, la nueva Ley catalana aprobada el miércoles establece que la Agencia «no sólo asumirá la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos propios de la Generalitat de Cataluña y los estatales cedidos totalmente a la Generalitat», tal y como se prevé en el Estatut, cuya legalidad aún no ha certificado el Tribunal Constitucional. También introduce, a petición de CiU, que «la Agencia puede asumir por delegación la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todo el resto de impuestos del Estado recaudados en Cataluña». Este objetivo no figura expresamente en el Estatut.

Lo que figura es que «la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los demás impuestos del Estado recaudados en Cataluña corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste».

Es decir, que en el Parlament se cuidaron de no vulnerar la letra del Estatut, pero sí retorcieron su espíritu para presionar a Madrid. Hermosín prefirió ignorar este desafío y se limitó a subrayar que «en función de esta Ley, la Agencia Tributaria habilita a la Agencia catalana para recaudar éstos, crea un consorcio donde se podrán recaudar los impuestos propios más los cedidos por el Estado». Y agregó que «si en su día el Estado quiere delegar impuestos estatales en las Comunidades Autónomas, también se podrán recaudar a través de esta agencia tributaria».

Fuentes oficiales del PSOE aseguraron que no existe contradicción entre Hermosín y Solbes. En el Ministerio de Hacienda agregaron ayer que no hay motivos para recurrir la nueva Ley catalana ante el Tribunal Constitucional puesto que la disposición que reclama la recaudación de todos los impuestos del Estado «es sólo una respetable aspiración de la que este Ministerio discrepa».

Hermosín prefirió cargar contra el Partido Popular, al que, en su opinión, «da pánico el Estatuto de Cataluña y el desarrollo estatutario en cualquiera de sus niveles», porque «nunca ha creído en el Estado de las Autonomías que consagra la Constitución». Por el contrario, el PSOE está «a favor del Estado de las Autonomías y por el impulso de la modernización del Estado y de la asunción de competencias por las Comunidades Autónomas en un Estado cohesionado», dijo.

Hermosín sostuvo que «no se rompe nada» y llegó a afirmar que el discurso del PP va «contra el pueblo de Cataluña». Pero no sólo el PP criticó la nueva Ley catalana. El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, mostró ayer su preocupación por lo aprobado en el Parlament. «Desde el punto de vista empresarial nos preocupa», afirmó ayer en Madrid, según Servimedia. «Algo tan importante como la Agencia Tributaria no debería de fraccionarse. Éste es realmente nuestro pensamiento y lo tenemos que expresar con toda rotundidad porque creemos que no es un buen camino».

Por su parte, el Gobierno socialista de Aragón resaltó que no prevé seguir los pasos de Cataluña, según declaró a Europa Press el consejero de Economía, Alberto Larraz. Aunque mostró «respeto».

El ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), dijo, en cambio, que él «daría el concierto económico a Cataluña porque es una herramienta maravillosa».