En contra de lo que pretendía el abogado del Estado, el Constitucional no entrará a examinar si el Partido Popular ha sido o no coherente al impugnar preceptos del Estatuto catalán presentes en otros estatutos autonómicos contra los que no ha recurrido.

Tras una ardua discusión, el Pleno del TC acordó el pasado jueves unir a las actuaciones, «sin más trámites», el escrito que la representación procesal del Gobierno presentó el 22 de junio comparando los estatutos de Cataluña con el andaluz y el balear y comentando los artículos más o menos semejantes que el PP impugna en el primero, pero no en los otros dos. El Constitucional se limitará a entregar a las partes una copia del escrito del Gobierno -como suele ser habitual-, pero sin abrir trámite alguno para alegaciones.

Antes de alcanzar ese acuerdo, el Tribunal rechazó el proyecto de resolución que sometió al Pleno la magistrada propuesta por el PSOE Elisa Pérez Vera, ponente del recurso del PP contra el Estatut.

Pérez Vera planteó que se concediese a las partes un plazo de 10 días para que pudiesen formular alegaciones sobre el escrito del Abogado del Estado. Ello hubiera supuesto un nuevo retraso en el comienzo de los debates sobre el Estatuto catalán, habría dado pie a la Generalitat de Cataluña a criticar la «incoherencia» del PP y hubiera puesto a los populares en el trance de tener que justificar su recurso contra el Estatut.

Dentro de dos semanas se cumplirá un año desde que el principal partido de la oposición, con 147 diputados en el Congreso, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. La impugnación fue admitida a trámite hace ya 10 meses sin que el Tribunal haya iniciado siquiera los debates sobre una norma que, mientras tanto, está siendo desarrollada por la Generalitat.

En el seno del Tribunal Constitucional se cree que existe un deliberado interés en retrasar la resolución del recurso del PP una vez que el grupo de magistrados más afín al Gobierno quedó en minoría tras el éxito de la recusación de Pablo Pérez Tremps.

La reciente presentación por parte del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, de un escrito que viene a poner de manifiesto la supuesta incoherencia del Partido Popular al no recurrir estatutos que contienen preceptos similares al catalán es interpretada en clave de táctica dilatoria que permitiría una política de hechos consumados; esto es, poner en ejecución los preceptos más controvertidos del Estatut antes de que se produzca el pronunciamiento del TC, condicionando con ello su eventual anulación.

Varios magistrados del TC albergan serias dudas de que sea este Tribunal, en su actual composición, el que dicte sentencia sobre el Estatut pese a las promesas de la presidenta, María Emilia Casas, de que sería un asunto «prioritario» dado que afecta a la propia configuración del Estado.

El TC ha empleado medio año en tramitar las recusaciones de los magistrados Pérez Tremps y Rodríguez-Zapata. Hasta el pasado 24 de mayo no decidió sobre la acumulación de todos los recursos formulados contra el Estatuto de Cataluña, acumulación solicitada por el PP y que fue denegada.

El 31 de mayo, los populares presentaron un escrito en el que anunciaban que, pese a estar en desacuerdo con esa decisión, no la iban a recurrir en súplica «para no demorar el procedimiento». El PP aludía a la «actitud obstruccionista y dilatoria» de la Generalitat y solicitaba que se diera a su recurso «la prioridad que le corresponde».

El 19 de junio, el TC dictó una providencia en la que acordó «unir a las actuaciones el escrito [del PP] y hacer entrega a las partes».

El 22 de junio, el abogado del Estado registró en el Tribunal un extenso documento de 75 folios en el que manifestaba que había comparado los preceptos del Estatut y los nuevos estatutos de Andalucía y de Baleares.«La finalidad de la comparación», decía, «es reflejar la igualdad o semejanza entre algunos preceptos del Estatuto catalán combatidos por los recurrentes con otros de los estatutos andaluz y balear, textos éstos que fueron apoyados en las Cortes Generales por los diputados impugnantes».

El abogado del Estado solicitaba que se diese traslado de su escrito, al PP «especialmente» y a las demás partes, «a fin de que la representación de los diputados recurrentes manifieste si mantiene la impugnación de todos los preceptos que figuran en su demanda de inconstitucionalidad o, por el contrario, desiste parcialmente de algunos de ellos (...)».

La iniciativa del Gobierno provocó el jueves un tenso debate de los 11 magistrados (todos menos Pérez Tremps, que no puede participar en este proceso), en el que la mayoría se opuso a que se diera cauce a la pretensión expuesta por el abogado del Estado.

Frente a la propuesta de abrir un trámite de alegaciones, otros magistrados mantuvieron que el TC debía limitarse a incorporar el escrito al procedimiento, sin ni siquiera acordar la entrega de una copia a las demás partes, como suele expresarse en las providencias mediante una fórmula ritual.

Finalmente, Ramón Rodríguez Arribas planteó una transacción por la que se acordó «unir a las actuaciones el escrito presentado por el abogado del Estado y hacer entrega de copia del mismo a las partes personadas, sin más trámite», según reza la providencia notificada ayer. Se trata de la misma fórmula empleada para contestar al escrito presentado por el PP el 31 de mayo, aunque con el añadido del inciso sin más trámite para remarcar que el traslado del escrito del abogado del Estado a las partes se hace a efectos de mero conocimiento, pero no de alegaciones sobre su contenido.

Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata presentaron un escueto voto discrepante en el que sostienen que «la petición del abogado del Estado de que los recurrentes desistan parcialmente de su recurso debió ser repelida de plano, tanto por ser procesalmente extravagante como por posibilitar una nueva dilación, indebida ya en este momento, dada la trascendencia de las cuestiones que plantea el recurso contra el Estatuto de Cataluña».