Un escrito presentado por la Abogacía del Estado -es decir por el Gobierno- en el que se pedía al Tribunal Constitucional un pronunciamiento acerca de si el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña es coherente con el respaldo de este partido a las reformas andaluza o valenciana disparó ayer las alarmas. Un diario gubernamental señalaba que el Constitucional había «decidido analizar» si el PP está siendo «incoherente» frente al Estatut, cuyo texto recurrió hace ya un año. No hace falta ser un experto en leyes para darse cuenta de que la petición del abogado del Estado era un despropósito desde el punto de vista procesal. Como insólito sería que el TC hubiera decidido analizar si la estrategia del PP es coherente o incoherente.
En realidad no hubo tal. El TC se limitó a unir a todas las actuaciones sobre el recurso de constitucionalidad el escrito de la Abogacía del Estado y a remitirlo a las partes «sin más trámite». Lo que quiere decir que las partes no deberán pronunciarse sobre los argumentos del representante legal del Gobierno, como pretendía éste. Argumentos que, por cierto, son más políticos que jurídicos. Dos de los magistrados de la sala, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata emitieron un voto particular a la decisión de enviar el escrito a las partes, ya que consideran que la petición de que el PP desista parcialmente de su recurso debió ser repelida de plano por constituir una «extravagancia» desde el punto de vista procesal. Los dos magistrados concluyen que este escrito no es más que una maniobra dilatoria para retrasar el fallo del TC sobre el Estatuto catalán. Esta intencionalidad fue tan clara que cuando una magistrada afin al PSOE llegó a pedir que se aceptara la petición de la Abogacía del Estado, el resto del pleno se negó a ello.
Efectivamente, los argumentos de los dos magistrados partidarios de haber dado un palmetazo más patente al Gobierno tienen lógica. En su escrito contra el recurso planteado por el PP, la Abogacía del Estado podrá incluir las alegaciones que estime oportunas contra este partido, pero lo que no está dentro de sus competencias es solicitar que el PP desista de algunas partes de su demanda alegando su supuesta incoherencia y menos aún convertir este asunto en una especie de cuestión previa sobre la que forzar una deliberación del tribunal.
La artera maniobra del Gobierno -canalizada por su vía mediática habitual que ayer ofreció una noticia falsa- ha quedado frustrada, aunque puede que no sea la última. El Ejecutivo de Zapatero tiene mucho interés en retrasar la sentencia sobre el Estatuto mientras que la Generalitat -ayer Carod advirtió que el Gobierno catalán no iba «a esperar sentado la sentencia»- impone su cumplimiento por la vía de los hechos, como ha ocurrido con la creación de la Hacienda catalana. Como ayer dijo el dirigente del PP Gabriel Elorriaga, al dilatar su decisión el TC perjudica los intereses de los ciudadanos catalanes. Y, sobre todo, de los no catalanes, añadimos nosotros.
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