Hoy ampliamos de forma más que significativa el suma y sigue. Si hace aproximadamente un año nuestro vicedirector Casimiro García-Abadillo abría el frente de los explosivos, al poner de relieve que en el sumario no quedaba acreditado por ninguna parte qué fue lo que estalló en los trenes, ahora el foco de su meticulosa indagación se fija en el otro pilar fundamental del relato de la Fiscalía: las tarjetas telefónicas que supuestamente habrían servido como temporizadores de las bombas colocadas en los vagones. Pues bien, por pasmoso que parezca ocurre lo mismo que con la dinamita: no existe prueba documental alguna que avale la versión repetida hasta la saciedad -y asumida como pieza fija de cualquier análisis- según la cual en el repetidor de Morata de Tajuña se activaron siete tarjetas en los días u horas anteriores al 11-M.De lo único que hay constancia en los soportes informáticos aportados por Amena es de la activación de la tarjeta encontrada en el teléfono de la mochila de Vallecas. El propio juez Del Olmo, en la recta final de su calamitosa instrucción, al intentar aclarar la contradicción que dos unidades policiales mantenían sobre el día y la hora en que las otras seis tarjetas fueron activadas, se topó con una asombrosa respuesta de la Comisaría General de Información: «No existe soporte técnico que acredite dicha fecha y periodo».

Eso mismo fue corroborado por dos peritos policiales durante la vista oral: sólo tuvieron «constancia» del encendido de un móvil con la tarjeta de la mochila de Vallecas y «entendieron» que «a continuación se hizo la identificación del resto» por parte del personal de Amena. ¿Y dónde está el soporte documental, el archivo electrónico, el certificado técnico que lo avale? «Esa información no la tenemos», reconoció uno de los policías.

O sea, que algo tan esencial para atribuir la autoría del 11-M a los habitantes de la casa de Morata de Tajuña no tiene otro soporte probatorio que las supuestas revelaciones de empleados no identificados de una compañía privada que ni siquiera fueron citados a declarar por la Fiscalía. Si a ello añadimos las vacilaciones y contradicciones del jefe de Seguridad de Amena que, durante su interrogatorio en el juicio, dio muestras de querer reforzar por encima de todo la versión policial, hay que llegar a la conclusión de que tampoco eso sucedió como nos lo han contado.

Los indicios de manipulación policial surgen por doquier también en esta investigación de las tarjetas. Por ejemplo, Sánchez Manzano no dijo la verdad cuando declaró que la hora del reloj del teléfono de la mochila de Vallecas «coincidía con la real», por la sencilla razón de que uno de sus hombres tuvo que programarlo al encenderlo tras la extracción de la tarjeta.

La apariencia de todo se corresponde más bien con la idea de que las conclusiones policiales existían antes de que comenzara la investigación y que ésta no fue sino un trámite para dar consistencia jurídica a las acusaciones contra algunos «sospechosos habituales», transformados en presuntos culpables. El problema de la Fiscalía es que el tribunal difícilmente podrá considerar ahora como hechos probados lo que en la práctica no pertenece sino al limbo de las meras conjeturas mil veces repetidas.