Todos los grupos, salvo el PSOE, criticaron con dureza la medida y, sobre todo, el insólito procedimiento elegido para ponerla en marcha, incluso antes de que haya una norma legal que la sustente.

Los ciudadanos que han tenido o adoptado hijos desde el 3 de julio pueden solicitar los impresos desde el pasado lunes para que se empiecen a tramitar los expedientes. Sin embargo, no hay ninguna norma en vigor que regule sus detalles. La ley es sólo un proyecto que debe ser admitido y modificado en el Congreso y el Senado y para el que los grupos, incluidos los socios del Gobierno, anunciaron ayer que presentaran enmiendas fundamentales. Toda actuación de la Administración requiere un sustento legal, en forma de reglamento, decreto o ley, pero en este caso sólo hay un proyecto de ley aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, pero sin valor alguno hasta que no sea tramitado en el Congreso y el Senado. Es la primera ley aplicada cuando sólo es un proyecto y antes de ser aprobada y publicada en el BOE.Desde el lunes, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social tramitan las peticiones por teléfono, en persona o a través de internet, con los requisitos y detalles aprobados por el Gobierno, pero no validados por el Parlamento. Así, se aplica la medida a los nacidos o adoptados desde el 3 de julio, el importe es de 2.500 euros y se pagará al mes siguiente de la entrada en vigor de la ley. La pregunta es qué ocurre si el Parlamento, en ejercicio de sus funciones, enmienda alguno de estos detalles o no la aprueba.

Ayer, diferentes portavoces pusieron de manifiesto en la Diputación Permanente del Congreso esta falta de legalidad en la actuación del Gobierno. Su argumento es que la Administración actúa sin respaldo legal, y varios de ellos se preguntaron qué pasaría si el Parlamento, que soberanamente debe aprobar el proyecto de ley, decide cambiar la fecha de entrada en vigor, la forma de pago, la cuantía o, simplemente, decide rechazarlo.

Los grupos parlamentarios hablaron de «perplejidad» por el procedimiento y adelantaron tantas críticas a la medida que demostraron que, además de falta de sustento legal, el Gobierno carece también de apoyo parlamentario.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, tendrá que aclarar la próxima semana en el Congreso lo que algunos portavoces calificaron de «enigmas» de la medida.

Por ejemplo, Gaspar Llamazares habló de medida electoralista y adelantó que su grupo es partidario de que este tipo de ayudas se concedan en función del nivel de renta.

El portavoz de IU avanzó que su Grupo presentará enmiendas para que la ayuda se module en función de la renta y pedirá que se acompañe de un plan de apoyo a la familia, con un impulso de la educación infantil de 0 a 3 años.

Emilio Olabarria (PNV), el más incisivo de todos, se mostró tan sorprendido como que explicó que nunca antes había visto que se adelante una medida sin aprobarse previamente. Se preguntó qué ocurrirá con los expedientes tramitados si no se aprueba el proyecto de ley.

Habló de «frivolidad» y aseguró también que el proyecto de ley invade competencias autonómicas.

Ese argumento de la invasión de las competencias autonómicas lo utilizó también con vehemencia el diputado de ERC Joan Tardá.

En esta línea, Josep Sánchez Llibre, de CiU, utilizó expresiones como «es insólito» y «no es serio».

El portavoz del PP Miguel Barrachina insistió en esta idea para llegar a la conclusión de que hay una «inversión democrática» y de que el Gobierno se atribuye poderes del Parlamento. También criticó el «atrevimiento» de poner en marcha un proyecto de ley que no ha iniciado el trámite y ni siquiera ha sondeado los apoyos parlamentarios.

Sólo defendió totalmente el pago de los 2.500 euros por hijo y el procedimiento elegido por el Gobierno el portavoz socialista, Francisco Fernández Marugán. Lo justificó con datos sobre la baja tasa de natalidad en España, comparándola incluso con la del Vaticano.

APOYO#DOS MODELOS DE SOLICITUD.Para poder cobrar los 2.500 euros por cada nacimiento que prometió Zapatero, las familias españolas tienen que rellenar uno de los dos formularios que, desde el lunes, se encuentran en la web de la Agencia Tributaria. Con el modelo 140, las madres trabajadoras pueden solicitar, a la vez, tanto la ayuda hasta ahora vigente -100 euros al mes durante los tres primeros años de vida del niño- como la nueva. Las progenitoras que «no realicen una actividad remunerada» disponen del formulario 141 que, acompañado por los datos del Registro Civil, sirve sólo para pedir la nueva prestación.