Para IU, por ejemplo, la ayuda debería otorgarse en función del nivel de renta de los ciudadanos y no con carácter universal. Los grupos nacionalistas (PNV, CiU o ERC) también esgrimen reparos, ya que la medida se arroga competencias que están transferidas a las comunidades autónomas. El PP tiene asimismo sus objeciones, pues duda de la eficacia de esta medida si no va acompañada de otros apoyos a la familia. De hecho, la cuantía fijada es inferior a los 3.000 euros por nacimiento o adopción contemplados en el programa del PP, y ridícula en comparación a las prestaciones vigentes en países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega o Austria.

Lo grave, por tanto, es que estamos ante una disposición alegal, sin ninguna validez jurídica y que se publicita sin ningún respeto al Parlamento -que es el que tiene ahora la palabra y, desde luego, la legitimidad-, pese a lo cual el Ejecutivo insiste en que a partir de diciembre empezarán los cobros. ¿Qué pasará si no se aprueba la medida o se modifican las condiciones que se han dado a conocer? Desde el PSOE se da por hecho que los 2.500 euros se cobrarán, como aquel que dice, porque lo ha afirmado Zapatero. Pero así es como funcionan las repúblicas bananeras y no las democracias occidentales. Después de todo lo dicho por el Gobierno ¿qué no estará dispuesto a pagar el Grupo Socialista para garantizarse los apoyos precisos -por ejemplo, vía Presupuestos- y no caer en el mayor de los descréditos al que le abocaría un rechazo a su proyecto de ley?La actuación de Zapatero ha sido irresponsable. Se confirma, como se interpretó desde un principio, que estamos ante una medida improvisada -en tanto que fue poco meditada y trabajada, y cocinada a espaldas del ministro de Economía-, que utilizó en el Debate sobre el estado de la Nación con la clara intención de ganar el favor de los ciudadanos.