Su crítica la justificó Zapatero por las objeciones de la Iglesia Católica a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Pero los representantes de esta confesión se han limitado a rechazar su obligatoriedad, acogiéndose para ello no a ninguna ley divina, sino a lo que establece la propia Constitución en su artículo 27.3: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Es decir, reclaman que la educación en valores corresponde a la familia y no al Estado, que en su opinión estaría tratando de imponer una formación moral obligatoria a todos los ciudadanos.

Criticamos en su día que desde la Iglesia se alentara la objeción de conciencia en respuesta a la implantación de esta materia, pero ese error no resta legitimidad al planteamiento de fondo, que es discutible, pero que no se puede despachar haciendo tremendismo o demagogia. Zapatero debería tener también en cuenta, cuando desliza estas críticas, que más del 95% de los padres elige hoy Religión para sus hijos, y no la alternativa curricular que ofrecen los colegios; que los valores de la democracia y el catolicismo son más coincidentes que no contrarios; que católicos los hay en las filas conservadoras, pero también en las suyas; y que alentar este tipo de polémicas da pie muchas veces a excesos, como los que cometió ayer, en el mismo foro, el sindicalista Cándido Méndez, que tildó groseramente de «hechicero de la tribu del PP» a monseñor Cañizares.

Resulta curioso, en fin, que el presidente blandiera la Constitución para conjurar los supuestos ataques de la Iglesia y no haya recurrido a ella hasta ahora para hacer frente a la religión nacionalista, mucho más peligrosa para la estructura del Estado. «La mejor manera de hacer ciudadanos españoles es respetar y apreciar la Constitución», manifestó. Ya era hora de que lo descubriera, podríamos añadir. Muy distinta habría sido, por ejemplo, la reforma de Estatutos.