Este ex funcionario del CNI, ahora acusado de presunta traición, reveló también a cambio de «una buena cantidad de dólares» los procedimientos, estructuras internas y actividades de contrainteligencia -en definitiva, secretos de Estado- desarrollados por el organismo para el que trabajó durante 12 años, que son los que puede pasar en prisión si así lo determina el juez.

Fue el director del Centro, Alberto Saiz, quien asumió ayer el papel de explicar en una rueda de prensa sin precedentes los detalles de una investigación de dos años. Y dedicó buena parte de su esfuerzo a remarcar, con más voluntad que efectividad, la delgada línea que separa la seguridad nacional que, según dijo, jamás «ha estado en riesgo», de la seguridad simplemente del CNI, que sí se ha visto perjudicada.

Según su criterio, no hubo peligro para la primera porque los datos trasvasados no contenían información sensible sobre las Fuerzas Armadas, las instituciones españolas, el sistema de Defensa, la UE o la OTAN. Y el agente doble no tuvo nada que ver con los posibles fallos del 11-M ni tuvo acceso tampoco a la información sobre el terrorismo islamista ni de cualquier otro tipo.

Sí admitió que, entre los nombres que este ex funcionario facilitó a la antigua potencia del Este, se encontraban los de los ocho espías españoles asesinados en Irak en 2003 pero, tras deslizar este espinoso dato, aseguró que se había investigado, y que «no se ha encontrado ninguna relación entre aquellos acontecimientos y la operación efectuada ahora». Las referencias de los agentes asesinados, según su explicación, constaban por su condición de empleados del centro y no por el lugar al que resultaron destinados.

Saiz se esforzó por transmitir tranquilidad. Aunque el ex funcionario del CNI mantuvo tratos con Rusia también en el momento en el que España intervino en Irak y se convirtió en aliado incondicional de la política estadounidense, insistió en el daño meramente interno de la filtración. Aunque esto no le impidiera reconocer que este hecho revela que España y los «intereses españoles» han adquirido entidad como para ser «objetivo de otros servicios» y estar en el punto de mira de otros países.

El perjuicio ocasionado, en cualquier caso, no ha sido baladí porque ha obligado a reforzar las medidas de seguridad de los agentes, a cambiarlos de destino y a introducir modificaciones en el sistema de funcionamiento del CNI. «Es más que conocer tu cara, es conocer como eres», resumió el propio director.

Como respuesta, los servicios de inteligencia españoles tendrán que «inventarse» un nuevo tipo de relación con los del país agresor que no implique una crisis entre ambos estados y que permita intercambiar datos sobre asuntos importantes, pero que, al mismo tiempo, deje clara la incomodidad de nuestro país.

Saiz no cargó las tintas contra el Gobierno del PP, pero sí precisó que la traición se produjo antes de llegar él al cargo y que fue en primavera de 2005 cuando, al detectarse un elemento sospechoso -que no detalló- y relacionarlo con hechos pasados, concluyó que Flórez había delinquido. Los populares se «relajaron», en cuestiones de seguridad y hubo que arreglarlo, vino a explicar.

Según expuso, fue el funcionario el que tomó la iniciativa de ponerse en contacto con los rusos. Flórez, de 42 años, ingresó en la Guardia Civil en 1991 y estuvo destinado en San Sebastián hasta 1996. Entonces pasó a trabajar para los servicios de inteligencia. Era sargento. Desde diciembre de 2001 hasta enero de 2004 se convirtió, presuntamente, en un traidor y, tras acumular una abultada cantidad de dinero que ayer no fue precisada, abandonó el CNI y dejó de obtener información. Este último dato es uno de los que permitió a Saiz afirmar que no había tenido cómplices. Tenía en su haber algunos servicios controvertidos y, al decir del director, es un «individuo aparentemente normal «que hacía su trabajo con brillantez» aunque los expertos se preguntan como un suboficial de nivel medio tuvo acceso a datos tan relevantes.

Hace tres semanas, el Centro puso en manos de la Fiscalía el ya denominado «caso Flórez» y el lunes le fue asignado a la magistrada de Tenerife que, probablemente, jamás se encuentre con otro asunto tan comprometido. Se enfrenta a una dificultad: las investigaciones del CNI, a pesar de haber costado dos años, según la Ley, no le sirven como prueba. Tendrá que basarse en los registros efectuados ayer por la Policía. En otras ocasiones, el CNI ha hecho llegar discreta y cortesmente información a las Fuerzas de Seguridad. Puede que en este caso, algo así ayude..

APOYO#DELITO DE TRAICIONArtículo 584 del Código Penal: «El español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, será castigado, como traidor, con la pena de prisión de seis a 12 años».