El anuncio a bombo y platillo de la detención de un ex agente del Centro Nacional de Inteligencia por haber vendido información clasificada a Rusia entre 2001 y 2004 constituye un hecho sin precedentes, cuyo esclarecimiento requiere, además de una investigación judicial, una respuesta diplomática contundente. Los pormenores del caso parecen propios de una novela de John Le Carré, pero sus imbricaciones y posibles consecuencias se antojan lo suficientemente graves como para tomarse el asunto muy en serio.
El director del CNI y jefe de los espías españoles, Alberto Saiz, compareció ayer en una rueda de prensa tan inaudita como insólita para dar cuenta de la detención, la víspera en Tenerife, del ex agente secreto Roberto Flórez García. Este suboficial de la Guardia Civil pasará hoy a disposición judicial acusado de un delito de traición, por el descubrimiento y la revelación de secretos relativos a la defensa nacional. Al parecer, el ex espía vendió entre los años 2001 y 2004 al FSB ruso (sucesor del KGB) información precisa sobre los procedimientos, la estructura interna y las actividades de contrainteligencia de La Casa, así como la identidad de decenas de sus compañeros.
Alberto Saiz no puede tratar de presentar la detención de este agente doble como una prueba de los reflejos y calidad de nuestros servicios secretos. Ni tampoco tratar de zanjar como una cuestión pasada y propia del «relajo» de la etapa anterior, un caso que erosiona la credibilidad de España en sus relaciones estratégicas, y que arroja más sombras que luces sobre nuestro nivel de vulnerabilidad y sobre el estado de la seguridad nacional. La sola comparecencia del director del CNI para informar públicamente de un percance -a su juicio- interno, y que no merece más que una revisión del trato con el FSB ruso, huele a chamusquina. Si el asunto no fuera grave, ¿por qué tratarlo de un modo tan aparatoso?También sorprende la reacción de Moncloa, que ya ha advertido de que el descubrimiento de un topo del Kremlin no afectará a las relaciones diplomáticas con Rusia. El posicionamiento apriorístico del Gobierno puede responder a la proximidad del viaje a Moscú que Zapatero tiene previsto realizar en septiembre. Pero si Rusia compró a un agente español, el Gobierno no puede si no exigir explicaciones a Moscú hasta las últimas consecuencias, del mismo modo que la Fiscalía debe investigar a los funcionarios rusos que compraron información secreta.
Cabe recordar que en el periodo en que este agente doble estuvo a sueldo de los servicios secretos de Putin, España era miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y un aliado principal de Estados Unidos en su política respecto de Irak. El 9 de octubre de 2003 un agente español murió tiroteado en la puerta de la embajada española en Bagdad. Y un mes más tarde, otros siete agentes del CNI fueron asesinados en una emboscada.
Alberto Saiz aseguró ayer que no existe relación alguna entre la información filtrada por el topo detenido en Tenerife y estos atentados en Irak, pero lo cierto es que los nombres de todos los agentes asesinados formaban parte de la lista de identidades desvelada a Rusia por su infiltrado en el CNI. Todo ello tiene que ser investigado a fondo.
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