Entre otros aspectos, el representante del Ministerio Público les preguntó quién había hecho el dibujo y quién el guión, quién había dado el visto bueno, si tenían ánimo de injuriar, por qué se había elegido a los Príncipes y si se habían valorado otros personajes. Tras tomar declaración a los humoristas, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dio por cerrada la investigación sobre el posible delito de injurias a la Corona en el que habrían incurrido. Ahora, el magistrado espera que el Ministerio Público decida si mantiene o no los cargos contra los responsables de la viñeta en la que podía verse a los Príncipes practicando el acto sexual para decretar el archivo de las actuaciones o la apertura de un procedimiento contra ellos.

Fuentes jurídicas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional declinaron ayer pronunciarse sobre cuál será la postura que adopten, remitiéndose a la ausencia del fiscal que formuló la denuncia, Miguel Angel Carballo, y de su superior jerárquico, Javier Zaragoza. Sí explicaron que, de existir infracción penal, sería en todo caso la contemplada en el artículo 491.1 del Código Penal: injurias al Heredero cuando no se encuentra en el ejercicio de su cargo, castigada con una pena de multa.

Ayer, en El Escorial, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido -que fue quien tomó la iniciativa de denunciar a El jueves- explicó que el debate generado en torno al secuestro debe servir para que «se actualicen, se mejoren y se modernicen» las medidas cautelares que se aplican a los medios de comunicación. Coincidiendo con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sobre la falta de vigencia de la figura del secuestro, indicó que su revisión ayudaría a que los ciudadanos se sintieran más protegidos en casos de «supuestos abusos» que rebasen los límites de la libertad de expresión, informa Isabel García.

A la noticia de la retirada de los quioscos de El jueves el pasado viernes le siguió una notable repercusión a nivel internacional. La portada del semanario, en la que podía verse la polémica viñeta, fue difundida en todo el mundo a través de internet. Además, durante ese día y el siguiente las Fuerzas de Seguridad recorrieron los quioscos de toda España para requisar los escasos ejemplares del semanario que no se hubiesen vendido.

La comparecencia de Guillermo y Manel Fontdevila despertó una expectación inusitada en los alrededores de la Audiencia, ni siquiera comparable a la que despertaron en su día Arnaldo Otegi o Isabel Pantoja. Más de 70 periodistas esperaron la salida de los humoristas, que protagonizaron, aturdidos, una tumultuosa rueda de prensa: «Esto es peor que el juez», declararon.

Dibujante y guionista, acompañados de su abogado, Jordi Plana, llegaron a la sede judicial pasadas las 10.00 horas, y apenas 20 minutos después comenzaron a declarar por separado ante el juez que instruyó el 11-M y el fiscal Enrique Molina, encargado de algunos de los grandes sumarios contra ETA. Los despacharon en apenas 10 minutos a cada uno, tras un interrogatorio que a los humoristas les pareció «muy protocolario».

Básicamente, según expusieron, el interrogatorio les sirvió para explicar al juez que en ningún caso tuvieron intención de injuriar, sino de criticar que la medida de los 2.500 euros anunciada por Zapatero «alcanza por igual a quien los necesita y a quien no». «Y ninguna pareja de las que no lo necesitan hay más representativa para la sociedad española» que los Príncipes, aclararon.

Como anécdota «emotiva», señalaron que en el despacho del juez pudieron ver «tres o cuatro cajas», cada una con unos 25 ejemplares secuestrados.

El juez Del Olmo emitió una providencia en la que, «apreciando que no existen otras diligencias que practicar», da por concluidas las investigaciones y da traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre «si procede modificar de diligencias previas a procedimiento abreviado». Es decir, para que diga si quiere seguir adelante.