Los tres se habían sentado en el banquillo tras las revelaciones de EL MUNDO, que denunció que Seat había pagado un cheque de 150 millones de pesetas (900.000 euros) al embajador Guido Brunner, ya fallecido. El importe de ese cheque fue repartido entre el propio Brunner, Aida Alvarez, Mangana y García Barbeira, que informó favorablemente a la recalificación de los terrenos de Seat cerca de la Plaza Castilla.

Estos fueron los hechos denunciados por EL MUNDO en febrero de 1993 e investigados por la Justicia, que los ha corroborado en todos sus extremos y que quedan acreditados en la sentencia. La Audiencia, sin embargo, considera que los delitos de cohecho, cometidos en 1988, habían prescrito ya cuando se inició la investigación penal a mediados de 1993.

La clave de la prescripción reside en que los jueces consideran que la recalificación de los terrenos de Seat no fue contraria a la ley, por lo que se aplica la tipificación más benévola del delito de cohecho. Si la recalificación hubiera sido contraria a derecho, el delito no habría prescrito, pero los jueces han estimado que no es el caso.

Su criterio puede ser decepcionante para quienes creían que la Justicia iba a castigar estos comportamientos, pero en cualquier caso parece ajustado a la ley.

Que Aida Alvarez, ya sentenciada a dos años de cárcel por falsedad en el caso Filesa, y Mangana no hayan sido condenados penalmente, no disminuye en un ápice la gravedad de la conducta en la que incurrieron con la complicidad del embajador Brunner.

Lo esencial es que la Audiencia ha podido corroborar que estos dos personjes vinculados al PSOE se dedicaban a cobrar comisiones para lograr recalificaciones urbanísticas y, más aún, que intermediaron para que Seat lograra su propósito a cambio de dinero.

Les ha salvado de ir a la cárcel una cuestión técnica, pero vivimos en un Estado de Derecho y hay que respetar las sentencias. En este caso, queda negro sobre blanco uno de los episodios de corrupción del felipismo que se inscribe dentro de otra trama más amplia, la del AVE, en la que se repartieron comisiones de miles de millones de pesetas.