Esa cantidad de 300 millones de euros fue puesta sobre la mesa en las conversaciones que representantes de ETA y del Gobierno mantuvieron durante el llamado proceso de paz. Los acuerdos alcanzados consistían en un plan que se tenía que desarrollar en un máximo de 10 años. En cada uno de ellos estaba previsto invertir unos 30 millones de euros. El plan estaba perfectamente desarrollado e, incluso, se había calculado la ayuda económica directa que recibiría cada miembro de ETA que abandonara las armas y se reintegrara a la sociedad. Esa cifra, en principio, sería de 1.500 euros mensuales.

El estudio de ese plan de reinserción de etarras fue encargado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dirige el perito de montes Alberto Sainz.

En ese estudio, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes cercanas al propio CNI, también se tuvo en cuenta las repercusiones que a nivel económico tiene en las arcas del Estado cada uno de los atentados que ha llevado a cabo la banda terrorista en los últimos años. Hay que recordar que el atentado de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, donde el 30 de Diciembre de 2006 murieron dos ciudadanos ecuatorianos, ha supuesto un desembolso de 42,9 millones de euros. Esta cantidad, abonada por el Consorcio de Compensación de Seguros, incluye tanto el coste que supondrá para AENA la reparación del aparcamiento y la terminal del aeropuerto, como las indemnizaciónes para la empresa de alquiler de vehículos alojada en el parking y la compensación a los particulares que perdieron su coche en este atentado.

Este periódico también ha podido saber que, a la hora de llegar a una cifra determinada para la reinserción de los etarras, los representantes de la banda terrorista recordaron a sus interlocutores las repercusiones que tiene para la economía española una campaña de bombas en las playas en época estival, y lo fácil que es para ellos realizarla.Ésa es una dinámica que ETA ha empleado con bastante frecuencia en los últimos años con el fin de minar la economía española e influir negativamente en las campañas turísticas de este país.

La idea de que el plan de reinserción tuviera una vigencia de 10 años está fundamentada, principalmente, en la población carcelaria que en la actualidad tiene ETA, tanto en las cárceles españolas como francesas. En la actualidad se calcula que los reclusos de la banda terrorista son unos 610. La mayor parte de ellos están cumpliendo pena en España, en total 460, y el resto, 150, en Francia.

Los expertos en terrorismo del Ministerio del Interior consultados por EL MUNDO calculan que "en estos momentos pueden haber unos 60 etarras operativos y dispuestos a actuar en cualquier momento y otros 150 que estarían huidos o exiliados en Sudamérica y otros países". Es decir, que según el Ministerio del Interior en la nómina de ETA podrían haber unos 820 miembros de ETA entre operativos, presos, exiliados y huidos.

A finales del 2006 la Fundación Víctimas del Terrorismo presentó un trabajo donde indicaba que había un total de 276 miembros de ETA o colaboradores de la banda armada en situación de busca y captura. Esa asociación también apuntaba a que, en el año 1996, Interior había calculado que los etarras que se encontraban viviendo en el extranjero, especialmente América y Africa, eran unos 500.

Los negociadores en el proceso de paz, tanto por parte del Gobierno como por ETA, eran conscientes de que todos los presos etarras no saldrían a la calle en la misma fecha y que se iría produciendo un goteo a través de los años posteriores al fin de la violencia.

EL MUNDO también ha podido saber de fuentes cercanas al CNI que fueron los presos de ETA los que más insistieron en que el plan de reinserción se produjera en un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que ninguno de ellos quedara fuera de él.

Los presos etarras, incluso, llegaron a amenazar con no dar el visto bueno a esa operación de reinserción si no se tenían en cuenta sus planteamientos. Un destacado miembro de la Comisaría General de Información apuntó a este periódico que "de esa forma, los presos etarras pueden ir acogiéndose al plan conforme vayan saliendo de la cárcel y así, a su vez, se van incorporando a una vida normal».

El 22 de febrero del año pasado Pernando Barrena, dirigente de la ilegalizada Batasuna, aventuró que «si el proceso de paz prospera no habrá presos de ETA en el 2010 o en el 2020».

El mismo dirigente también afirmó que «todo el mundo sabe que si hay proceso de paz el destino de los presos de ETA será volver a casa en un plazo razonable». Y como apoyo a las palabras de Barrena sobre los presos y los plazos para que quedaran en libertad hay que recuperar las que pronunció Rafael Díez Usabiaga, secretario general del sindicato abertzale LAB, por aquellas fechas: «La vía acordada en Irlanda entre el IRA y los gobiernos británico e irlandés permitió que los presos salieran a la calle en tres años».

Dentro del plan o estudio desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la reinserción de los etarras figura la posibilidad de que la banda armada se convierta en una institución o fundación para que de esa forma pueda ir recibiendo y administrando el dinero que llegue desde el Estado.

A los fondos que proporcionaría el Estado a ETA habría que incluir, según el estudio del CNI, las ayudas que se podrían pedir a la Unión Europea (UE) para crear o activar determinadas empresas donde podrían ser colocados o empleados los ex miembros de la organización terrorista.

El propio José Luis Rodríguez resaltó el pasado 29 de marzo de 2006 en el Congreso de los Diputados y con motivo del debate de la última cumbre comunitaria que el Consejo Europeo apoyaba «el fin de la violencia» y que Jacques Chirac resaltó que «la esperanza de España es la esperanza de Europa».

Con tal motivo, el portavoz de CiU en el congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, indicó en el hemiciclo que «habrá que plantear en su día a la Comisión Europea, como hicieron Gran Bretaña e Irlanda, la creación de un fondo para cumplimentar el proceso de paz». Durán i Lleida se refería a los recursos comunitarios que en 1998 recibió Irlanda del Norte para la reinserción de presos del IRA, exiliados y ayudas para las víctimas, que ascendieron a los 100 millones de libras esterlinas (149 millones de euros).

Gaspar Llamazares, secretario general de IU, también suscribió en aquellas fechas las palabras del representante de CiU y reclamó directamente las ayudas económicas europeas, como recibieron Irlanda y Gran Bretaña, para hacer frente a los gastos extraordinarios que surgirían con la disolución de la banda terrorista ETA.Hay que recordar que en 1998, con motivo de los encuentros que el gobierno de José María Aznar mantuvo con la banda terrorista en Suiza, ya se planteó la posibilidad de destinar una importante partida económica para la reinserción de los etarras que dejaran las armas (Ver EL MUNDO del 6 de noviembre de 1998).

El Ejecutivo de aquella época también analizó cómo abordar la reinserción social de los presos, refugiados y deportados de ETA. Es decir, José María Aznar y su gobierno planteó la salida laboral de los etarras que, durante muchos años, no habían hecho otra cosa que «pegar tiros».

En aquellas mismas conversaciones también se trató la posibilidad de buscar ayudas complementarias a la reinserción, como ocurrió en 1982 cuando los polimilis abandonaron las armas y se disolvieron.

Por último, hay que subrayar que los representantes del Gobierno en el proceso de paz facilitaron a los intermediarios de ETA un borrador con las líneas generales del plan de reinserción desarrollado por el CNI y dieron cuenta de la predisposición de los empresarios vascos para recolocar a todos aquellos que dejaran las armas. ETA, de momento, no ha amenazado al Gobierno con sacar ese estudio estatal de reinserción porque es consciente de que la principal perjudicada sería la propia organización armada..

APOYO#De terroristas a traficantes de drogasEl plan de reinserción del Gobierno pretende evitar, según ha podido saber EL MUNDO a través de los expertos en la lucha antiterrorista, que un grupo de etarras, tras dejar las armas, se pasen a la delincuencia común como ocurrió con los paramilitares irlandeses.

En España, principalmente en la Costa del Sol, se asentaron a partir del año 2000 grupos compuestos por ex paramilitares irlandeses que se dedican a la extorsión, el ajuste de cuentas y el tráfico de hachís.

Este periódico reveló el 16 de febrero de 2004 que «la Costa del Sol ya no era patrimonio de los grupos rusos y de las mafias que controlan el tráfico de hachís» porque «desde hace más de cuatro años España se ha convertido en el refugio de antiguos miembros de grupos paramilitares norirlandeses».

Los principales grupos que se han asentado en España son ex miembros del UDA (Asociación de Defensa del Ulster) y del LVF (Fuerza de Voluntarios Lealistas).

En el año 2001 la Policía española detuvo en Benalmádena a cuatro ex paramilitares norirlandeses y encontró en el domicilio de uno de ellos dos subfusiles, una pistola de fogueo, dinero y pasaportes falsos. A pesar de las causas que había contra ellos un juzgado de Torremolinos los puso en libertad bajo fianza y se fugaron.

Expertos en la lucha antiterrorista han recordado a EL MUNDO que «ETA ha usado en ocasiones las mismas vías que otros grupos de delincuentes para lavar el dinero del impuesto revolucionario o del pago de secuestros». Las mismas fuentes han ido aún más lejos en su análisis: «Siempre ha habido cercanía entre el entorno de ETA y el mundo del tráfico de hachís, no sería de extrañar que algunos de ellos dieran el paso al otro lado»..

APOYO#El plan de los empresariosJunto al que podríamos llamar plan estatal para la reinserción de los etarras y que supondría un desembolso de 300 millones de euros en 10 años, también existe otro de carácter civil que protagonizarían los propios empresarios del País Vasco.

Esa segunda alternativa para apoyar la reinserción se puso en marcha después de la declaración de tregua de ETA en marzo de 2006. Un destacado grupo de empresarios vascos fueron consultados por Madrid y Vitoria sobre la posibilidad de emplear en sus empresas a ex etarras.

La respuesta de los empresarios, según ha podido saber EL MUNDO, fue positiva, aunque pusieron algunas condiciones a los enviados de los gobiernos central y autonómico. Entre esas condiciones estaba que el número de ex etarras que se incorporaran en una misma industria fuera mínimo. Los empresarios querían evitar que los nuevos trabajadores pudieran crear ambientes negativos. Los empresarios vascos también resaltaron que el principal problema con que se encontrarían los ex etarras sería la falta de formación profesional.