Rubalcaba se muestra categóricamente en contra de que las llamadas «actas» de la negociación se hagan públicas porque ello supondría asumir la terminología y el punto de vista de la banda. El ministro califica esas «actas» de «patrañas» de ETA y no puede que en alguna medida no le falte razón. Pero ello no significa que el Gobierno quede eximido de dar explicaciones en el Parlamento de lo que sucedió en esas conversaciones puesto que existen indicios de que la conducta de los negociadores del Ejecutivo fue como mínimo irresponsable e incluso rayó en la deslealtad constitucional.

Así lo corrobora la información publicada ayer en varios diarios vascos y navarros, que aseguran que el PSE, el PNV y ETA-Batasuna estuvieron a punto de llegar a un pacto en noviembre del año pasado en sus reuniones de Loyola. Todos los participantes estaban de acuerdo en crear dos mesas de negociación, una en el País Vasco y otra en Navarra. También había consenso en que el proceso desembocaría en la constitución de un órgano común ejecutivo y legislativo entre el País Vasco y Navarra e incluso se había previsto que los compromisos definitivos se depositaran en El Vaticano. Todo se vino al traste porque Batasuna endureció su posición y quiso elevar el listón de la negociación.

Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso, lo corroboró ayer y afirmó que fue ETA la que obligó a Batasuna a plantear nuevas exigencias cuando el acuerdo «se daba por finiquitado».

Zapatero puede alegar ahora que los hechos demuestran que el Gobierno nunca llegó a acuerdos con ETA y que, por eso, se ha roto la tregua, pero también es verdad que esas reuniones de Loyola existieron y que los representantes del Ejecutivo aceptaron discutir la modificación del marco jurídico y político del País Vasco y Navarra a cambio de que la banda abandonara las armas.

Vistas las cosas con perspectiva, da la impresión de que el Gobierno dio hilo a la cometa, confiando tal vez en que ETA se vería arrastrada a renunciar a la violencia por la dinámica creada por la propia negociación. Pero no fue así.

No hay duda de que el Ejecutivo creyó en algún momento en que se podía alcanzar un acuerdo como lo demuestra el plan para reinsertar a los etarras que elaboró el CNI. El plan, encargado por el Gobierno aunque luego aparcado hasta mejor ocasión, establecía el pago de un salario de 1.500 euros al mes a los etarras reinsertados durante un máximo de diez años.

Si ETA hubiera dejado las armas, la sociedad española habría aceptado probablemente esta concesión como el precio inevitable de la paz. E incluso las víctimas podrían haberlo asumido como quien toma aceite de ricino porque una cosa es facilitar una salida a unos etarras para reinsertarse en la sociedad y otra negociar en el plano político.

En resumen, los españoles tienen derecho a saber lo que pasó en esas conversaciones con ETA. La misma convicción democrática que nos ha llevado a celebrar las últimas detenciones y apoyar al Gobierno en la lucha antiterrorista, nos legitima para exigir esas ineludibles explicaciones.