El negocio inmobiliario y de la construcción representa un 14% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), por lo que puede decirse que es el mayor sector de la economía española en términos de empleo y de volumen de facturación.

España se ha convertido en el paraíso inmobiliario de Europa con cerca de 600.000 viviendas en construcción, una cifra que supera a la de un país como Alemania con 80 millones de habitantes. Pero el alza de los tipos de interés y la aparición de indicios de una caída de la demanda y un estancamiento de los precios hacen prever que el sector no va a poder mantener esas elevadas cotas de crecimiento.

Es, por ello, comprensible que -como informa hoy EL MUNDO- los principales promotores inmobiliarios hayan pedido audiencia a Zapatero y a Rajoy, con el que se reúnen hoy, para explicarles sus problemas y para pedirles ayuda con el fin de evitar que el sector sufra una depresión brusca.

Los promotores solicitan unas mejores condiciones de financiación, una liberalización del suelo y una política de subvenciones para facilitar el acceso a la vivienda. Pero también que el Gobierno y los partidos les ayuden a mejorar su imagen y a trasladar al público que las empresas inmobiliarias -salvo contadas excepciones- son serias y crean empleo y riqueza para el país.

Una de las causas que ha contribuido a ralentizar el crecimiento del sector es la paralización o la revisión de los planes de urbanismo de muchas ciudades, que están bajo la sospecha de la corrupción con casos tan extremos y aparatosos como la macrourbanización de Seseña.

No hay duda de que la corrupción ha provocado un profundo daño a la imagen de los promotores, que también deberían hacer algo para luchar contra esa lacra. Bien está que pidan la comprensión de los poderes públicos, pero ellos también deberían de poner de su parte para que las relaciones con las Administraciones Públicas fueran más transparentes.

Ello no obsta para reconocer que el problema existe y que el Gobierno debería poner en marcha medidas para facilitar un aterrizaje suave y evitar una recesión que supondría la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y un serio problema para las entidades financieras.

No creemos que, como tópicamente se dice, la burbuja inmobiliaria vaya a sufrir un pinchazo, pero sería necesaria una acción concertada de los promotores, las Administraciones Públicas y las entidades financieras para amortiguar esa previsible caída de la demanda y estabilizar los precios. Una de las iniciativas que nos parecen indispensables pasa por incentivar una mayor oferta de suelo en las ciudades, lo que debería ir acompañado de un cambio en el sistema de financiación de las corporaciones locales, que son las primeras que contribuyen a la especulación inmobiliaria.