La UME, un proyecto bienintencionado concebido por el propio Zapatero, al igual que sucede con el Centro Nacional de Gestión de Crisis que Rajoy ha reclamado hasta la saciedad, se estrellan hoy lamentablemente con argumentos como el expresado por el lehendakari, en el sentido de que la intervención de las fuerzas de Defensa en su comunidad en las grandes tragedias supondría una «intromisión militar». El problema es que Ibarretxe tiene argumentos para expresar tal disparate, toda vez que se ha transferido a las autonomías las competencias en asuntos de orden público, seguridad ciudadana y protección civil. Y decimos disparate porque entre las cuestiones de Estado debería ocupar un lugar ineludible la lucha contra los incendios forestales. No sólo es que el fuego no tiene fronteras, sino que la amenaza que éste representa en un país con un gravísimo problema de desertización debería obligar a destinar los mayores recursos, la mayor cantidad de medios y la mejor coordinación posible para evitar sus estragos. Tendrían que ser las propias comunidades autónomas las que reclamaran la atención del Estado y dejaran de afrontar el problema con mentalidad aldeana.

Con todo y con ello, a la hora de afrontar los incendios forestales hay que insistir más en la prevención que en la extinción. El ejemplo más claro lo tenemos en lo ocurrido en Galicia el verano pasado. En sus cuatro provincias se concentró el mayor número de brigadas y de medios materiales conocidos en España hasta la fecha, pero hasta que no remitió el viento y empezó a llover no se consiguió apagar las llamas. El tópico de que los incendios se apagan en invierno es cierto. La prevención y la intervención rápida -y por tanto la vigilancia y la detección en los primeros momentos- es lo que puede evitar que el fuego alcance una envergadura que lo haga inabarcable para los medios contraincendios. De ahí nuestro escepticismo en cuanto a la eficacia de la UME, cuyos 300 efectivos desplazados a los focos de los incendios se han visto desbordados e impotentes ante las llamas de Gran Canaria y Tenerife. Es cierto que el cuerpo, concebido como una fuerza de élite, no estará totalmente implantado hasta el año que viene, pero a la vista de los hechos, es seguro que su trabajo sería más eficaz con una buena labor previa.

Algunos de los daños causados por el fuego en Canarias, como antes lo fueron en otros puntos, son irreversibles. La obligación del Gobierno y de las comunidades autónomas es ser eficaces y evitar que esto sea la tónica de cada verano.