Ayer, miembros de la Policía Nacional y funcionarios judiciales registraron durante toda la mañana la sede en Barcelona de la que es la tercera mayor aseguradora de accidentes profesionales de España.

La investigación, que se produce después de que la Intervención General de la Seguridad Social detectase «graves irregularidades» en su gestión, se centra en los miembros de la dirección de la entidad que encabezan Juan Aicart y Eduardo Villa. Fuentes del sector explicaron que el Ministerio descubrió un agujero contable de 28 millones de euros acumulado durante varios ejercicios en la última auditoría interna, un extremo que, no obstante, el Ministerio evitó confirmar ayer.

El supuesto fraude se habría producido a través de empresas paralelas que emitieron facturas a cargo de la Seguridad Social por servicios que nunca prestaron, y que alcanzaban desde servicios de prevención de riesgos sociales a la distribución de botiquines de primeros auxilios. Ese tipo de desviación de fondos podía beneficiar a directivos de la propia mutua o a empresas asociadas que demandaban algún tipo de contrapartida a cambio de contratar los servicios de una mutua de accidentes y no de otras, ya que, en teoría, no está permitida la competencia de tarifas entre las distintas mutuas.

El registro consistió en la búsqueda de documentación y soportes informáticos que probaran la existencia de facturación falsa a la Seguridad Social, así como la de una caja B que demostrase una doble contabilidad en la entidad. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona dio la orden de registro a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en una investigación iniciada por la denuncia de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio.

En una actuación paralela, el Ministerio inició un procedimiento administrativo para adoptar «medidas cautelares» con el objetivo de «subsanar la situación» y las irregularidades «contables». A partir de ahora, la dirección de la entidad cuenta con 15 días para presentar alegaciones, periodo tras el cual el Gobierno decidirá si es necesaria o no la intervención de la mutua de accidentes de trabajo y si los actuales gestores son sustituidos por otros nombrados por el ministerio.

En paralelo a los controles de la propia Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas encargó en marzo pasado a un equipo integrado por siete técnicos la fiscalización del sistema de contratación de la mutua. Por su parte, la dirección de la entidad, a través de un comunicado interno remitido a su plantilla, mostró «la convicción de que todas las acciones que ha venido efectuando la mutua lo han sido en beneficio de las empresas y trabajadores asociados, y que las diligencias que puedan efectuarse sólo contribuirán a la satisfactoria aclaración de los hechos». Posteriormente, y después de una reunión del comité ejecutivo de la mutua en un hotel barcelonés, la dirección remitió un comunicado a los medios en el que aseguraba «desconocer el origen que ha motivado la actuación de la Fiscalía».

Aunque sin funciones ejecutivas, el presidente de la entidad se personó en la sede de la mutua para seguir in situ el registro que llevaban a cabo los efectivos de la Policía y que acabó con numerosa documentación en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que instruye las diligencias. Pese a ocupar la presidencia, Echevarría no está siendo investigado y no ha sido citado a declarar por el juez ni por la Fiscalía Anticorrupción.

Sanción de 12.000 euros

En 1999, Echevarría fue sancionado con una multa de 12.000 euros por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por usar información privilegiada durante el lanzamiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Endesa sobre Fecsa y Sevillana de Electricidad. Entonces, era presidente de la empresa catalana. En 2002, la Audiencia Nacional suspendió la multa.

El sector de las mutuas de trabajo está bajo sospecha y el Ministerio ha iniciado un plan para acabar con determinadas operaciones alegales a través de un mayor control económico-financiero y un plan de fusiones que debía prolongarse durante dos legislaturas.

Fuentes de entidades mutuales daban ayer por hecho que la posible futura intervención de Mutua Universal podría ser utilizada por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para acelerar una nueva fusión mutual. Mutua Universal cumple justamente este año su centenario. Tiene un negocio que supera los 966 millones de euros y prevé superar los 1.000 millones durante este ejercicio.