Fue el pasado 15 de agosto cuando un confidente policial alertó a un policía de que le habían entregado un paquete y que en su interior había cinco kilos de Goma 2 ECO y detonadores. Fue el juez Del Olmo, tras una enrevesada investigación de Asuntos Internos de la Policía, el que ordenó la detención de dos agentes de la Policía y del propio confidente. A los tres les acusó de tráfico de explosivos. En la misma operación también ordenó el encarcelamiento de otros dos agentes de Policía bajo la acusación de haber revelado secretos a EL MUNDO.

En su auto, el juez no sólo no aclaró cuál era el destino de ese explosivo sino que tampoco fue claro sobre su procedencia, abriendo un abanico de posibilidades que iba desde Segovia a Barcelona.

Hoy, casi un año después de que se detectara un tráfico de explosivos -que además era Goma 2 ECO- en la misma localidad en la que murieron los presuntos autores de la masacre de Madrid (Leganés), se sigue sin poner respuestas sobre la mesa.

Por estos hechos está en prisión un agente del Cuerpo Nacional de Policía que estaba destinado en la comisaría de Vallecas cuando la matanza de Madrid, la misma comisaría donde apareció la polémica mochila que permitió avalar las sospechas sobre la autoría de la matanza.

La noche en que fue hallada esa mochila, José Antonio González Clares, El Moro, estaba trabajando en la comisaría de Vallecas. Según un informe de la Unidad Central de Información Exterior y la Unidad Central de Información, puso sobre la mesa la posibilidad de que dicha mochila hubiera sido manipulada. Hay un perfil de ADN recogido en la bolsa que aún está por identificar. Además, el inspector encargado de la custodia de la mochila denunció que la vigilancia se había roto. Informó de ello a sus mandos, EL MUNDO lo descubrió. No declaró en el 11-M.

Del Olmo ha pedido un estudio a especialistas que ya le han apuntado que dicha huella no pertenece a nadie de origen árabe, lo que abre aún más las sospechas sobre este caso.

El confidente del policía encarcelado fue el que alertó de que estaba en posesión de un paquete con explosivos Goma 2 ECO.

El Partido Popular ha optado por presentar una batería de preguntas parlamentarias para que este episodio no quede en el olvido y el Ministerio del Interior dé explicaciones sobre las investigaciones sobre el origen y el destino de los explosivos lcoalizados. Las preguntas pendientes de respuesta son del diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo. «Habida cuenta de la gravedad de lo ocurrido, que en su día provocó una gran alarma social, se formulan las siguientes preguntas al Ministerio del Interior». «¿Cuál es la opinión del Ministerio del Interior sobre la posible implicación de un miembro de la Policía en un delito de tenencia y transporte de sustancias explosivas supuestamente cometido en Leganés (Madrid) durante la madrugada del 15 de agosto de 2006? ¿Cuáles son las conclusiones de la Policía sobre el explosivo incautado, su procedencia y su destino?». Previamente, Del Burgo había presentado otras preguntas que fueron rechazadas por la Mesa del Congreso. Entre ellas, preguntaba si el agente encarcelado estaba destinado en la comisaría de Vallecas el día en que apareció la polémica mochila.

Durante el juicio por el 11-M, este caso no pasó desapercibido. Fue el abogado del ex minero José Emilio Suárez Trashorras quien aseguró que la numeración de los cartuchos de la dinamita localizada en agosto pasado era correlativa a la localizada en la vivienda de Carmen Martín Gaite, que usaban los presuntos autores de la masacre.