La banda ha transmitido a los líderes abertzales que no tiene intención de recuperar las negociaciones con el Gobierno y que, en caso de hacerlo en un futuro, sus exigencias serían las máximas de territorialidad y autodeterminación, que ya las hicieron fracasar. La directriz de ETA incluye, de manera implícita, un mensaje de absoluto desinterés por la suerte de Arnaldo Otegi, el portavoz de Batasuna, cuya figura también encierra el valor simbólico de haber sido uno de los principales interlocutores del proceso hasta su encarcelamiento, el 8 de junio.

La cúpula del partido ilegalizado había establecido, en su planteamiento práctico, que la opción razonable sería pedirle al Gobierno que, como muestra de buena voluntad -y del mismo modo que ocurrió con el etarra José Ignacio de Juana Chaos durante las negociaciones-, encontrase un modo de conseguir que Otegi pudiese salir de prisión y de garantizarle un blindaje futuro ante las causas que le quedan pendientes.

Sin embargo -e independientemente de que, con este razonamiento, Batasuna haya podido demostrar un desacertado cálculo de la realidad en lo concerniente a la actitud del Gobierno en las circunstancias actuales y más inmediatas-, ha sido ETA la que le ha dejado clara su postura al respecto y la actitud que debe adoptar.

La banda terrorista estaría preparando, además, otras medidas a corto plazo. Según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este periódico, se podría estar gestando el relevo de algunos de los miembros situados en los puestos de mayor responsabilidad de la formación ilegalizada y del resto de la izquierda abertzale. ETA parece no estar de acuerdo con el modo en que algunos de ellos han gestionando las negociaciones durante el proceso. Y, al relegarles, primaría a los dirigentes más próximos a las nuevas generaciones, que han demostrado una dependencia de sus directrices fuera de todo cuestionamiento.

En este caso, se confirmaría que Otegi está fuera de juego, al menos mientras permanezca en prisión. Aparte de seguir o no considerándolo válido, ETA sería coherente así con las normas aplicadas hasta el momento, según las cuales sus dirigentes, por muy relevantes que hayan sido, pierden su poder de manera inmediata en el momento en el que cruzan las puertas de un centro penitenciario.

También estaría echada la suerte de Juan José Petrikorena, uno de los hombres de confianza de Otegi y responsable de la política de comunicación de la Mesa Nacional. Y eso, a pesar de ser uno de sus miembros más radicales.

Por último, se confirmaría el alejamiento y la salida de Rafa Díez Usabiaga, secretario general de LAB. Este sindicato era el último bastión legal que le quedaba a la izquierda abertzale antes del resurgimiento de ANV, y ahora puede verse sometido a importantes e inevitables cambios. Díez Usabiaga es uno de los instigadores -junto a Otegi- de la negociación, desde que ésta inicialmente se gestase hace seis años. Pero su incomodidad con la forma en que se estaba desarrollando el proceso fue haciéndose patente a medida que éste avanzaba.

Según las fuentes consultadas, Joseba Permach permanecería en la dirección de Batasuna. Su posicionamiento a lo largo del proceso fue el adecuado, según la banda. De hecho, tuvo que imponerlo en su día frente a las resistencias planteadas por cierto sector de la formación ilegalizada más posibilista.

Estaría en duda lo que pueda ocurrir con Pernando Barrena, uno de los representantes que estuvo en el secreto de las conversaciones iniciales con los dirigentes del PSE -la cuota navarra- y que, a lo largo de los últimos meses, ha venido desempeñando distintos papeles y ajustándose a las circunstancias según conviniera.

La actual Mesa Nacional de Batasuna fue configurada expresamente para la puesta en marcha y gestión del proceso para el fin de la violencia. En definitiva, se constituyó un órgano capaz de responder si la negociación prosperaba, pero también capaz de asumir el hecho de que ETA volviese a atentar.

A lo largo de las conversaciones con el Gobierno quedaron patentes algunas tensiones, como cuando uno de los sectores más duros pretendió impedir a principios del verano pasado, en pleno proceso, que tres dirigentes de la formación ilegalizada acudiesen a declarar a la Audiencia Nacional. Arnaldo Otegi tuvo que intervenir para aplacar los ánimos, consciente de que un gesto en esta dirección podría torpedear una negociación que apenas se encontraba en sus inicios.

Durante el proceso, y también durante el atentado de Barajas, quedaron claras dos cosas: que la dirección de Batasuna recibía órdenes directas de la banda terrorista y que, a pesar de ello, carecía por lo general de información sobre cuál era la situación y cuáles eran las intenciones reales de ETA.

Probablemente como ahora. No fueron pocas las ocasiones en las que Otegi se desplazó al sur de Francia para intercambiar impresiones, pero esto no impidió que la banda no le informase del atentado del 30 de diciembre, a pesar de que el portavoz de Batasuna había realizado uno de sus viajes horas antes de que éste tuviese lugar.

Durante meses, la función de la Mesa Nacional fue, en primer lugar, inyectar optimismo y generar expectativas sobre las posibilidades -esta vez sí- de «resolver el conflicto» en unas bases que habían pasado largo tiempo desanimadas por el efecto demoledor que la Ley de Partidos había tenido sobre su formación.

Más tarde, los dirigentes de Batasuna se dedicaron a advertir de que las cosas no iban bien encaminadas, sobre todo después de que ETA anunciase en agosto que la situación había pasado a ser crítica. Finalmente, pasaron a mentalizar a los mismos simpatizantes de que, si el proceso fracasaba, la responsabilidad debía recaer en el Gobierno, que era quien había incumplido sus compromisos.

El atentado de la T4 fue mal entendido inicialmente por una gran parte de los simpatizantes de la izquierda abertzale, y Batasuna necesitó realizar una intensa labor didáctica cuyo resultado fue bastante satisfactorio para sus fines, si tenemos en cuenta que, el pasado mes de marzo, sus bases ya habían interiorizado que la culpa del fracaso del proceso era del Gobierno.

El que la formación ilegalizada haya considerado conveniente en las últimas semanas un nuevo emplazamiento al Ejecutivo para retomar las conversaciones pudo deberse a dos razones: una inercial y otra de mera aspiración política. Conforme a la primera, Batasuna habría querido insistir en la citada posibilidad con el fin de seguir dejando claro que, como dijera Otegi desde prisión en su última entrevista a Gara, «el proceso no tiene recorrido porque PNV y PSOE han dejado la Mesa» y porque «el Gobierno ha demostrado no tener la madurez suficiente». Conforme a la segunda, la formación ilegalizada -que no sólo participó en las negociaciones tripartitas con el PSE y el PNV, sino que estuvo en Ginebra en una mesa paralela a la de ETA y el Gobierno justo antes de las pasadas elecciones- estaría intentando recuperar protagonismo y paliar sus actuales carencias de representación institucional con vistas al futuro.

En los dos casos, la banda terrorista, una vez superada la fase de atribución de responsabilidades al Gobierno, ha señalado cuál es el camino a seguir.