La voz continúa explicando que su tío nunca hizo nada malo, ni formó parte de ningún partido político. «Simplemente, era alumno de la Facultad de Derechos Humanos».

Sahar perdió a su primo. También era universitario. Estudiaba ingeniería y un día fue a clase y nunca regresó.

Shafiqa busca a su hermano, que trabajaba para el Gobierno. Cree que lo mataron, pero no encontraron el cuerpo.

Y Nadia sabe que a su primo lo detuvieron en Pol-i-Jomri, a unos 120 kilómetros al noroeste de Kabul, pero su historia acaba ahí.

Decenas de mujeres, con fotos de familiares desaparecidos durante los casi 30 años de guerra en Afganistán, se manifestaron ayer ante la sede de Naciones Unidas en Kabul para exigir a la comunidad internacional que haga algo de una vez y lleve a los criminales de guerra del país ante un tribunal.

Nadie antes en Afganistán se había atrevido a exigir justicia y ayer no sólo lo hicieron las mujeres, sino que, además, salieron a la calle sin pelos en la lengua.

«Sabemos quiénes son los criminales. Ahora son diputados en el Parlamento o miembros del Gobierno de Hamid Karzai. Sayaf, Mohaqiq, Rabani, Dostum, Jalilí, Fahim, Olomí, Qanooni...», enumeró la portavoz de las manifestantes, Vira Darwishi, a cara descubierta y ante las cámaras de televisión locales, citando el nombre de personalidades relevantes que ocupan en la actualidad cargos de poder.

El asesor de la oficina de derechos humanos de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA), el español Javier León-Díaz, que recibió a una representación de las manifestantes en la sede de la ONU, destacó también la importancia de la movilización: «En primer lugar, porque la han hecho mujeres; en segundo, porque exigen justicia para las víctimas de la guerra contra los rusos, pero también la de los muyahidin en los años 90, y la del régimen talibán. Y eso quiere decir, por lo tanto, que no las mueve un interés político. Por último, porque las manifestantes representan las diferentes etnias del país».

Según Javier León-Díaz, la protesta de ayer marca un punto de inflexión en Afganistán, porque «hasta ahora no había víctimas reconocidas». Y si no hay víctimas, tampoco hay verdugos.

El pasado 5 de julio, la policía afgana halló una fosa común con más de 1.000 cuerpos en el norte de Kabul, a tan sólo 15 minutos en coche desde el centro de la capital. Y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas se encontró, precisamente, con ese problema: nadie fue a reclamar los cuerpos, ni a comprobar tan siquiera si, entre los cadáveres, había un ser querido. «Un testigo de los crímenes nos indicó dónde estaba la fosa y nos encontramos hasta tres túneles llenos de cadáveres, algunos con disparos de bala y otros amputados. Todas las víctimas son de la época de los rusos», asegura el jefe de la policía en Kabul, Ali Shah Paktiawal, que ordenó la apertura de la fosa con una máquina excavadora, destruyendo buena parte de las pruebas.

León-Díaz, sin embargo, no tiene tan claro a qué época pertenecen los cuerpos: «Ahora todos los crímenes se achacan a la época soviética [es decir, al régimen procomunista de los años 70 y 80] para que nadie salga salpicado», comenta, en referencia a los señores de la guerra de los años 90, que ahora ocupan lugares de poder en Afganistán, y cuyas violaciones de los derechos humanos han sido documentados por la ONG Human Rights Watch.

De hecho, hace un par de semanas llegaron dos expertos forenses a Kabul para examinar las fosas y eso es lo que ayer animó a las mujeres a salir a la calle a protestar. «Nos dio esperanza, porque parece que finalmente algo se va a investigar», explicó la portavoz de las manifestantes.

Pero dos forenses para 1.000 cadáveres no son nada y, además, en Afganistán, no hay equipos adecuados para hacer pruebas forenses. «Se necesita un mandato del presidente Hamid Karzai para que un equipo internacional venga a investigar», explica el asesor español de la oficina de derechos humanos de la ONU.

Pero, de momento, lo único que ha hecho Karzai ha sido constituir una comisión gubernamental sobre la fosa del norte de Kabul, cuya dirección ha delegado en Fazil Hadi Shinwari, vinculado al partido político de Abdul Rasul Sayaf, uno de los líderes fundamentalistas, a quien precisamente se le atribuyen crímenes de guerra.

De hecho, ahí está el quid de la cuestión: en Afganistán, los señores de la guerra cada vez más copan las estructuras de poder en un estado de aparente impunidad, haciendo la Administración cada vez más corrupta, y ante la pasividad o impotencia de Karzai. En diciembre de 2005, el presidente afgano aprobó un plan de acción para llevar a cabo en tres años un proceso para la reconciliación nacional, la Justicia y la búsqueda de la verdad sobre los crímenes del pasado. Pero, dos años después, el plan aún ni se ha iniciado, más allá de haber declarado el 10 de diciembre Día de Recuerdo de las Víctimas.

En febrero, se debería haber formado una comisión que supervisara los nombramientos del presidente en el Gobierno -para así evitar casos como el de Fazil Hadi Shinwari y depurar la Administración ya existente-, pero la comisión continúa en estudio y sin fecha de constitución.

De la misma manera, en junio, tenía que haberse creado un grupo de trabajo que decidiera cómo juzgar los crímenes del pasado (en un tribunal internacional o en uno mixto), pero el grupo de trabajo aún ni existe. «Las Naciones Unidas tenemos un mandato de asistencia al Gobierno afgano y no podemos imponer nada. Sólo asesorar», justifica León-Díaz, que recuerda que el sistema judicial afgano no está preparado para juzgar crímenes de guerra.

Las familias de las víctimas, por tanto, tendrán que esperar.