Sólo el PSC destaca «el despliegue eficaz del Estatut que impulsa el Govern bajo el liderazgo de Montilla».

La sociedad catalana aprobó con poco entusiasmo -sólo el 36% del censo votó sí- el nuevo Estatut en un referéndum celebrado el 18 de junio de 2006. Los ciudadanos llegaron a las urnas cansados después de tres años de intenso debate y cruce de acusaciones entre los partidos, pero con la firme promesa de los gobiernos central y catalán de que la calidad de su existencia no iba a hacer sino mejorar gracias al texto.

El Estatut entró en vigor el 9 de agosto de 2006. Un año después, las infraestructuras catalanas han entrado en una fase de colapso: los trenes no funcionan, las autopistas están saturadas, el aeropuerto no da abasto y la luz va y viene.

Ante este panorama, la mayoría de los partidos reniega hoy de un Estatuto que costó sangre, sudor y lágrimas y se cobró a dos víctimas de primer nivel: Pasqual Maragall y Josep Piqué. Los motivos del rechazo son muy variados: lentitud en el despliegue, los diversos recursos aún pendientes de resolución en el Constitucional y los recortes que sufrió el texto a su paso por las Cortes.

Pero también son muchos los entresijos políticos que han llevado a los partidos catalanes a tomar sus posiciones actuales. CiU considera que la aplicación del Estatut es «una estafa» y denuncia «el claro incumplimiento» por parte del Gobierno central». El diputado Quico Homs critica «el déficit de inversiones crónico que el PSOE ha empeorado».

Las cosas han cambiado mucho desde aquel 21 de enero de 2006 en que el presidente del Gobierno y el de CiU, Artur Mas, se reunieron en La Moncloa para pactar el texto. Mas se convirtió aquel día en el máximo valedor de la reforma, que defendió a capa y espada durante la campaña del referéndum.

Zapatero, Mas y Esquerra

El presidente de CiU salió de aquella reunión convencido de que, a cambio de su apoyo, Zapatero le convertiría en president. La promesa no se cumplió y los convergentes cambiaron de opinión. Desde que se decidió que el socialista José Montilla presidiría Cataluña, las críticas de CiU al desarrollo del Estatut no han hecho más que arreciar.

Esquerra se bajó del carro estatutario un poco antes; precisamente la noche en que pactaron Mas y Zapatero. Los republicanos, que apoyaban por entonces al Gobierno en el Congreso, esperaban más protagonismo y les costó recuperarse de la visita del líder de CiU a La Moncloa.

Tras el desengaño decidieron abstenerse en el referéndum, pero sus bases presionaron para inclinar a la cúpula hacia el no a un texto que consideraban «insuficiente» y «recortado». Ahora, Esquerra califica el Estatut y su despliegue con «un suspenso». «No se ha cumplido con la promesa de inversiones ni con los traspasos, como el de Renfe. El Gobierno no tiene voluntad de descentralizar», apunta su portavoz, Marina Llansana. «El caos de las infraestructuras forma parte de la obsesión centralista del Ejecutivo», añade.

La relación del PP con el Estatut ha sido siempre la misma: de rechazo. Los populares se opusieron desde el primer momento, convencidos de que rompería el equilibrio territorial. Votaron en contra en el Parlament, en las Cortes y pidieron el no en el referéndum. A día de hoy mantienen su rechazo. El presidente del PP catalán, Daniel Sirera, defiende que, en el último año, «Cataluña ha tenido más problemas que nunca. El Estatuto ha generado más conflictividad con el Estado y más inseguridad jurídica». Y añade que su despliegue «debería frenarse hasta que se resuelvan los recursos interpuestos contra el texto en el TC, porque, si no, se crearán más frustraciones».

Sin embargo, durante el proceso de elaboración del texto hubo algún momento de vacilación. Cuando las Cortes recortaron el contenido del Estatuto que se había aprobado previamente en el Parlament, el entonces presidente de los populares catalanes, Josep Piqué, pensó que su partido podía asumir la reforma.

Piqué intentó convencer a la cúpula del PP, pero no tuvo éxito. Sus gestiones a favor del texto deterioraron sus ya delicadas relaciones con Génova. Hace dos semanas, presentó su dimisión irrevocable tras una nueva injerencia de la dirección del partido en su negociado.

No era la primera víctima. Hace un año la reforma se llevó por delante a su principal artífice, Pasqual Maragall, que declaró hace unos meses: «El Estatuto no ha valido la pena». El ex presidente de la Generalitat creía en un Estado federal y en la España plural y sufrió una gran decepción cuando vio que sus tesis no se plasmaban en el texto. Se enemistó con Zapatero y acabó por ser sustituido por Montilla, un hombre mucho más fiel a los dictados de Ferraz.

Montilla hace encaje de bolillos para desplegar el Estatut sin molestar mucho a Zapatero. El PSC es el único que defiende el texto: «En un año, Cataluña ha visto incrementarse su nivel de autogobierno y ha obtenido traspasos de calado», asegura su portavoz adjunto, Joan Ferran.

El PSC es el único partido que ha defendido la visita de la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, a Barcelona, pues «ha servido para fijar un calendario de resolución del problema de Cercanías». Para el PP, que Alvarez pidiese «paciencia» a los catalanes es «tener una cara bastante dura», según su secretaria de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría. Y para CiU, la ministra es «prepotente» y sus declaraciones son «una burla».