Los vecinos de este pequeño pueblo están impresionados con los nuevos y numerosos residentes, que se han acostumbrado a lavar sus platos y su ropa en el canal. Y a beber agua. Duermen bajo los pinos, en tiendas de campaña o en colchones rotos, iluminados por la luz de las hogueras, a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha tiene terminantemente prohibido encender fuegos por el alto riesgo de que se produzcan incendios en esta época del año.

«Llevamos así desde junio», se quejaba ayer el alcalde, Pablo Escobar. «Yo no he visto nada igual. Es cierto que otros años han venido algunos grupos, pero es la primera vez en la historia del pueblo que se juntan tantos». Escobar explicaba que, en los últimos días, ha llegado a haber hasta 2.000 asentados repartidos en una extensión de cerca de dos kilómetros en la margen derecha del acueducto. Entre ellos hay unos 300 niños.

Las condiciones en las que viven dejan mucho que desear. Todos los días se retiran decenas de cascos de botellas y toneladas de basura. El pasado martes, uno de los asentados, un hombre de nacionalidad rumana de 40 años, falleció de un infarto de miocardio.

Fuentes de la subdelegación del Gobierno en Albacete explicaron que los inquilinos de este campamento son «trabajadores comunitarios» con los «papeles perfectamente en regla». Aunque varias patrullas de la Guardia Civil vigilan la zona, «no se les puede expulsar ni levantarles ningún expediente».

Pero, ¿de dónde vienen? Según el alcalde, muchos llegaron al lugar para trabajar en la recogida del ajo y otros tantos fueron expulsados recientemente de pueblos vecinos, como La Roda, Barrax o Santa Ana.

Precisamente a finales de junio, más de un centenar de ciudadanos rumanos fueron desalojados del extrarradio de Albacete en una operación que llevó a cabo la Policía Local. Había tres mujeres embarazadas y una decena de niños menores de 10 años.

El alcalde cree que muchos de estos exiliados son los que ahora se han asentado en el municipio. «Han venido aquí porque éste es el único pueblo que está cerca del canal», comentaba anoche un parroquiano del bar Balta. «Y además están resguardados por los pinos», decía otro.

Eso sí, los vecinos y los recién llegados conviven con normalidad. Frecuentan los mismos bares y compran en las mismas tiendas. Algunos cuentan que ha habido algún enfrentamiento personal, pero «ningún problema serio, la clásica riña con unas copas de más».

El asentamiento está en «una zona de seguridad del trasvase Tajo-Segura», como la define el regidor. Pablo Escobar lleva desde el pasado mes de julio pidiendo ayuda a todas las administraciones. Ha enviado cartas al Ministerio de Medio Ambiente -al que pertenecen los terrenos donde se encuentra el asentamiento-; a la ministra, Cristina Narbona; al director general del Agua, Jaime Palop; a la Confederación Hidrográfica del Tajo; a la subdelegación del Gobierno; a la Junta de Castilla-La Mancha...

La subdelegación ha enviado a la Guardia Civil, que ha identificado a todos los asentados, aunque no se han realizado detenciones ni expulsiones. La Junta dice que se ha puesto a disposición del pueblo en cuanto a las competencias que les atañen; esto es, atención sanitaria y actuaciones de emergencia social. Sin embargo, no han actuado para impedir que los asentados hagan hogueras. El Ministerio de Medio Ambiente no había dado una respuesta al alcalde, ni a este periódico, al cierre de esta edición.

Tampoco se ha realizado ningún análisis químico al canal para comprobar la calidad de sus aguas. Lo que sí que se sabe es que está sucio, muy sucio. Los vecinos, afortunadamente, no beben de esta infraestructura. «A ver si vamos a tener un problema de salud pública», apuntaba el alcalde. «Estoy desbordado. No tengo los medios ni la capacidad para hacer frente a este problema. Sólo pido que se cumplan las normas».