La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia confirmada recientemente por el Tribunal Supremo, dio tanta credibilidad a la declaración de Isabel que ésa es la única prueba de cargo que ha servido para condenarla. Lo que los tribunales consideran un «hecho probado» es que Isabel Barrio «se apoderó y proporcionó a Juan Garrote, funcionario del Ministerio de Defensa, información reservada -vidas laborales, grupos de cotización, domicilios y similares datos privados- a cambio de 70.000 pesetas al mes».

Ese espía, Juan Garrote, no ha sido encausado por un presunto delito de cohecho -como manifiesta con sorpresa un magistrado del Supremo en un voto particular- en las diligencias que instruyó el juez Santiago Pedraz, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, y ahora destinado en la Audiencia Nacional.

«Me siento traicionada y resentida. Por Juan, con el que tenía una gran amistad y ni siquiera me llamó cuando salí de la cárcel, y por el Estado para el que trabajé. Porque yo siempre tuve en conciencia que trabajaba para un organismo oficial», asegura Isabel.

Según relata, fue uno de sus superiores quien le presentó al agente secreto, en 1989. Desde entonces, y hasta 2001, cuando fue detenida, ella fue la encargada de darle los datos que el espía requería. «El me pedía que única y exclusivamente le atendiese yo», señala.

Isabel recuerda que «aquel día se identificó con una placa del Ministerio de Defensa. Luego ya entablamos confianza. Unos días después, en la cafetería El Jamonal de Madrid, frente a la oficina en la que yo trabajaba, me dio un sobre con 25.000 pesetas. Yo le dije que no, que nosotros no cobrábamos. Y él me contestó que me lo daba en agradecimiento por hacer las cosas rápida y discretamente, que había unos fondos del Cesid para eso y que también se lo daban a funcionarios de otros ministerios».

La cuantía de las entregas fue incrementándose a lo largo de los años, hasta llegar a las 70.000 pesetas de 2001. Primero, se las daban en mano; luego, mediante transferencia bancaria durante un tiempo, «hasta que saltó el escándalo de Manglano y volvieron al sobre». Curiosamente, el espía Juan Garrote insistió a Isabel para volver a utilizar una cuenta, mediante entregas en ventanilla no nominativas en los tres meses inmediatamente anteriores a su arresto.

Para efectuar los pagos, cuando eran en mano, siempre se reunían en una cafetería, que cada cierto tiempo cambiaban. Isabel y Juan Garrote llegaron a ser grandes amigos, hasta el punto de que éste invitó a la funcionaria a su boda, donde ella trabó amistad con otros espías. Cuando el agente inauguró su nuevo piso, le envió una nota a Isabel y su compañero en la que decía: «A ver cuando venís a conocer nuestra casa, que es la vuestra». «Y luego, él ni siquiera me llamó cuando salí de la cárcel», se lamenta Isabel.

El modus operandi que seguía el agente para recabar los datos que le proporcionaba Isabel era sencillo: la llamaba a su propia casa desde su despacho y le daba el nombre y los dos apellidos de la persona de la que necesitaba información. El lunes se presentaba en la oficina de la Seguridad Social y los recibía. Eran tres o cuatro de cada vez. En total, cientos. Según Isabel, «siempre venía con un oficio, firmado por un superior».

Esas personas eran, casi siempre, ciudadanos anónimos sobre los que los servicios secretos estaban realizando alguna investigación. «Yo sólo recuerdo dos nombres, porque eran los más conocidos: Leticia Sabater y Juan José Hidalgo», afirma la funcionaria condenada. La popular presentadora de televisión tenía entonces (hacia 2000) una relación sentimental con el empresario José María Fernández-Mayo, conocido como Morgan, que posee un hotel en Oviedo y una promotora. Hidalgo es el dueño de Air Europa y uno de los emprendedores más importantes de España.

Pero la relación entre Isabel y el espía Juan Garrote comenzó a deteriorarse a finales de 2000, cuando ella se negó a uno de los encargos del agente secreto: «Me dio un nombre y, al meter su nombre en el ordenador, me apareció la clave 56, que significa fallecido. Cuando se lo trasladé, me contestó que ya lo sabía... Y me preguntó si se podía cambiar a clave 65: Vivo. Le dije que sí, y él me ofreció entonces la posibilidad de ganar 'mucho dinero' a cambio de sustituir a varios listados de personas su clave de fallecido por la de vivo. Me negué, porque eso era muy peligroso y estaba muy controlado».

En junio de 2002, el diputado de Izquierda Unida Felipe Alcaraz registró una pregunta al Gobierno en el Congreso sobre si ése era el método que utilizaban los servicios secretos para asignar identidades falsas a sus agentes. El Ejecutivo de Aznar, cuatro meses después, respondió que eso era información reservada.

Todos estos extremos fueron expuestos en 2002 por Isabel a la revista Tiempo, poco después de que la funcionaria saliese de prisión preventiva, donde permaneció siete meses. El juez Pedraz le interrogó sobre todos esos puntos, y ella se ratificó. En esa declaración, que consta en el folio 2.812 de las actuaciones, la funcionaria identifica con su nombre y dos apellidos al espía Juan Garrote López, y añade que «en alguna ocasión trató con un tal Gervasio, Miguel Angel y Sebastián» y que «el tal Sebastián es el Jefe de Grupo».

En la causa, además, existen tres llamadas telefónicas que fueron intervenidas por orden judicial, recibidas por Isabel desde el número 913725000, que «pertenece al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid)», según afirma la Policía en el folio 589. En la primera de ellas, la más elocuente, una persona pregunta a la funcionaria: «¿Has recibido eso a través de la cuenta?» y, más adelante, añade: «O sea, que... Está ingresado 70, así que...». Casi al final de la conversación, le pide información reservada de una mujer de nombre E. M. P.

Isabel Barrio aseguró al juez Pedraz que esa persona que le llama es el espía Juan Garrote. De hecho, en otra de las conversaciones intervenidas, que la Policía no transcribe por no considerarla de interés para la causa, se anota la referencia «(relacionado con Mabel)». Mabel es el nombre de la esposa del agente.

A pesar de estos datos, no consta en las actuaciones que se haya practicado ni una sola diligencia dirigida a averiguar la implicación de los servicios secretos en un presunto delito de cohecho o de revelación de secretos por inducción. El juez Pedraz no tomó declaración al espía Juan Garrote, ni se le interesó en este sentido por el Ministerio Público o alguna de las acusaciones particulares personadas (el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General). Tampoco aparece ninguna averiguación tendente a confirmar si el agente actuaba autorizado por un superior, como sostiene Isabel, ni sobre la procedencia de los fondos, ni sobre si, efectivamente, se registraron en los archivos de la Seguridad Social un número sospechoso de cambios de clave de fallecido a vivo.

Durante la vista oral, a cuya grabación ha tenido acceso EL MUNDO, el fiscal ni siquiera preguntó a Isabel Barrio por los extremos que la Audiencia Provincial acabó considerando acreditados, y en los que fundamenta su condena: la relación de la funcionaria con el Cesid. En el juicio, asimismo, tanto el secretario como el instructor de las diligencias policiales justifican que no se practicase ninguna sobre el espía Juan Garrote así: «Nosotros dimos cuenta al juez de lo que habíamos averiguado y en ningún momento nos ofició para que siguiéramos por ese camino».

Barba postiza

Tras muchos esfuerzos, la defensa de Isabel Barrio consiguió que el agente secreto testificase. Lo hizo por videoconferencia, desde Afganistán, donde cubría destino, con traje militar y barba postiza. Fue escueto y conciso: «La relación con Isabel siempre ha sido del tipo amistad. Nunca ha habido relación profesional», y «no he solicitado, ni directa, ni indirectamente, información sobre Seguridad Social a Isabel».

El magistrado del Supremo Perfecto Andrés confirma en su voto particular que «resulta que no hay noticia de que Juan Garrote, del que en la sentencia [de la Audiencia Provincial] se habla como funcionario del Ministerio de Defensa adscrito al Cesid, que captó a aquélla [Isabel Barrio] moviéndole a realizar la actividad criminal por la que ha sido condenada, haya sido objeto de ésta u otra causa como posible autor de delito de cohecho».

Curiosamente, la Audiencia Provincial sí condenó en la misma resolución a un detective privado por ofrecer 5.000 pesetas a cambio de datos reservados a otro funcionario, que fue el que denunció la trama. Ahora, el Supremo casa la sentencia sólo en lo que se refiere a este detective, al que absuelve porque, según argumenta, su conducta no se corresponde con un delito de revelación de secretos, sino con otro por el que, «incomprensiblemente», no fue acusado: el de cohecho, «dado que existió ofrecimiento de dinero a un funcionario instándole a la realización de actos a su vez delictivos». Aparentemente, la misma actuación que llevó a cabo el agente secreto.

También la Audiencia utiliza el adverbio «incomprensiblemente» para criticar que la Fiscalía tampoco acusase a Isabel Barrio de cohecho, en el que incurre tanto quien recibe como quien ofrece dinero.

La defensa de Isabel Barrio argumenta que ella no conocía la ilicitud de su comportamiento, «dado que obró a instancia de una autoridad pública», y que siempre se le requirió la información a través de un conducto oficial. Añade que ningún testimonio ha desvirtuado esta afirmación, y que la Audiencia se basó exclusivamente en el reconocimiento que hizo Isabel de los hechos, en una declaración que sostiene que está viciada de nulidad, ya que se obtuvo a partir del contenido de las intervenciones, que fueron declaradas nulas por falta de motivación. En septiembre presentará un recurso de amparo y una petición de indulto.

Isabel no tiene, sin embargo, demasiadas esperanzas. En los últimos años dice haber vivido un calvario del que cree que difícilmente se recuperará. En 2005, presentó una denuncia por un intento de atropello, que ella relaciona con una represalia por los hechos que denunció.