«No estamos en Cataluña, somos parte de Cataluña». Con esta frase tan elocuente, pronunciada ayer hacia el final de su intervención en el Parlamento de Cataluña para dar cuenta de la actuación de Fecsa-Endesa en el reciente apagón de Barcelona, el presidente de la compañía terminó por derribar el sambenito que han construido los partidos nacionalistas, según el cual la culpa de lo ocurrido es de la desatención inversora de la compañía, como si ésta fuera una empresa extranjera y no una parte más de la propia sociedad catalana.
Hasta ese momento, Manuel Pizarro había ofrecido tal cantidad de datos sobre el comportamiento de la eléctrica que debería haber llevado al sonrojo a quienes, como el socialista Miquel Iceta, afearon días atrás su «gestión nefasta», le acusaron de «castigar a Cataluña» y aprovecharon incluso la ocasión para achacarle haber hecho «todo lo posible» para que fracasase la OPA «de una empresa catalana» (Gas Natural) sobre Endesa. Esas y otras críticas, como la de ERC, que llegó a convocar un acto ante la sede de Fecsa-Endesa en Barcelona como presentación de la campaña Que pague Madrid, llevaron a Pizarro a solicitar su comparecencia voluntaria en el Parlamento autonómico.
Pizarro recordó ayer, entre otras cifras, que Fecsa-Endesa es «el mayor inversor privado en Cataluña en el periodo 2002-2006», con 5.229 millones de euros. Es más, Endesa realizó en esta comunidad el 40% de sus inversiones, pese a que el cliente catalán supone el 36% del mercado de la eléctrica y el beneficio que le deja es sólo del 22% del total. La eléctrica ha invertido 538 euros por cliente, cuando su media en el resto del mercado español es de 487 y la media de inversión del sector en nuestro país, 297 euros, según los datos ofrecidos por Pizarro. Ese esfuerzo, dijo, permitió que «por primera vez en la Historia» Barcelona haya superado a Madrid en calidad de suministro, hasta el fatídico 23 de julio.
Fueron tan contundentes las palabras del directivo, que algunos diputados sólo pudieron preguntar por unas imaginarias declaraciones suyas contra el Estatuto catalán o la supuesta connivencia entre la compañía y las autoridades para invertir menos en la red a cambio de hacerlo en el Fórum de las Culturas, extremos ambos que Pizarro desmintió. Resulta llamativo también que todos los portavoces, excepto los del PP y Ciutadans, intervinieran en catalán, como si el español no fuera oficial en Cataluña y cuando el turolense Pizarro es castellanohablante, por lo que tuvo dificultad para entender parte de las preguntas. Al margen de que era una cuestión de modales, sobre todo quedó la impresión de que sus señorías habían olvidado al actuar así que de lo que se trataba era de buscar el porqué del apagón. A menos que eso fuera secundario, una vez que ya habían condenado a la compañía ante la opinón pública.
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