«Todo lo que no acaba de funcionar es lo que depende de Madrid: Renfe, Aena, Red Eléctrica Española, el AVE...», aseguró Carod -que estos días ejerce de presidente de la Generalitat en funciones- durante una entrevista que concedió ayer a TV3.

Sin embargo, Carod se mostró optimista y afirmó que cuando algunas de estas competencias sean traspasadas del Estado a la Generalitat se visualizará «un cambio notable». Esta es una tesis que ya han defendido otros compañeros de Carod en el tripartito como el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, o el de Interior, Joan Saura.

El Govern está esperando el despliegue del Estatut como agüita de mayo para poder demostrar su vaticinio de que gestionará mejor que el Estado. No obstante, Saura y Nadal, y ayer Carod, han dejado claro que la mejoría no se notará de la noche a la mañana: «No se solucionará en cuatro días lo que no se ha podido hacer en 30 años», afirmó el vicepresidente para evitar frustraciones entre su electorado.

Además, a las esperanzas del tripartito se le añaden otros muchos obstáculos. Para empezar, el traspaso de competencias no se efectuará de inmediato. Por otro lado, la Generalitat necesita más dinero para gestionar sus nuevas competencias y construir más infraestructuras y, de momento, no está muy claro si el Estado está dispuesto a rascarse el bolsillo. Por último, el Estatut está recurrido ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia podría dar un vuelco a la situación actual.

De los traspasos pendientes el único que tiene posibilidad de materializarse en un futuro cercano es el de Cercanías de Renfe. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió entregárselo a la Generalitat el próximo enero. Sin embargo, no está muy claro si el traspaso irá acompañado de la suficiente inyección económica como para que Cataluña pueda poner al día sus vías y sus trenes.

Lo del aeropuerto de El Prat es mucho más complicado. Los dimes y diretes de la larguísima negociación estatutaria concluyeron con la eliminación de este traspaso en el texto definitivo. Aunque no lo recoja el Estatut, el Govern sigue insistiendo en la necesidad de que debe controlar el aeródromo.

Zapatero ha prometido crear un consorcio de gestión de El Prat en el que dará entrada a la Generalitat, al Ayuntamiento y al sector privado. Pero se ha negado a determinar cuál será la participación del Ejecutivo catalán. El asunto se empezará a hablar en septiembre si no hay cambio de planes.

Y también en septiembre se retomarán las conversaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado, que para el tripartito serán la piedra filosofal que puede resolver la grave crisis de las infraestructuras. El PSOE necesita el apoyo de algún otro partido para no verse obligado a prorrogar sus cuentas.

CiU y Esquerra quieren que se cumpla lo establecido en el Estatut respecto a las inversiones en Cataluña, es decir, que el Estado destine a esta comunidad el 18,8% del total de su potencial inversor. Sin embargo, los criterios del PSOE y de los partidos catalanes a la hora de calcular este porcentaje son distintos.

Los socialistas barren para casa y quieren dar menos de lo que los catalanes creen que corresponde a su comunidad de acuerdo con la letra del Estatut. CiU se lo está pensando, pero Esquerra tiene bastante claro que no podrá apoyar las cuentas de Zapatero: «Si estos presupuestos no reúnen los mínimos imprescindibles, los grupos catalanes tienen el deber de no apoyarlos», indicó Carod ayer en la entrevista a TV3: «Ya no nos alimentan migajas, ya queremos el pan entero», añadió parafraseando la canción de Ovidi Montllor Tot explota pel cap o per la pota.