La mayoría de las organizaciones de consumidores ya han mostrado públicamente su temor ante lo que se avecina. Y es que, según calcula la patronal eléctrica Unesa, la sustitución masiva de contadores podría suponer un coste superior a los 2.000 millones de euros (sólo el aparato cuesta cerca de 80 euros).

La medida anunciada por Clos no generaría debate alguno si la renovación se llevara a cabo de forma paulatina. Es decir, sustituyendo cuando caduquen los viejos equipos por los de nueva generación. Hoy día, ya se está haciendo en todas las viviendas construidas. Esta regeneración natural permite a los fabricantes abastecer a las eléctricas. Estas, a su vez, cobran un alquiler al usuario por el uso. Sin ir más lejos, el mes pasado, Industria encareció un 44% (de 0,54 a 0,78 euros más IVA) el arrendamiento de los nuevos aparatos. Una decisión que sigue recibiendo duras críticas por parte de las asociaciones de consumidores.

Lo que desconcierta a eléctricas y fabricantes es que el Ministerio de Industria haya anunciado un plan renove a gran escala sin pactar previamente la financiación ni fijar los plazos. Esta sustitución afectaría a todos y cada uno de los hogares españoles, con independencia de la antigüedad de cada aparato.

En el real decreto de tarifas de 2007, el Gobierno se limita a afirmar que «para poner en práctica esta iniciativa, se da un mandato a la Comisión Nacional de Energía [CNE] para que elabore un plan de sustitución del parque actual de contadores en el nicho de los consumidores domésticos por nuevos aparatos con discriminación horaria y telemedida». Un año antes, el real decreto correspondiente a la factura de 2006 admitía que la aplicación del plan «se dilatará en el tiempo por las dificultades de renovar todo el parque de contadores». Esta es la razón, según el Ministerio, «por la que no se determina un plazo concreto».

Contradicción

En la nota difundida ayer, Industria añade que la sustitución «se efectuará, previsiblemente, en función del grado de amortización de cada aparato; es decir, que los tradicionales contadores se irán cambiando según su antigüedad». Una afirmación que algunas fuentes del sector tacharon ayer de «contradictoria» con el principal fin del tan publicitado plan renove. El calendario debe fijarlo la CNE. El organismo redactará una propuesta que refleje el impacto económico, la financiación y las fechas de ejecución. El paso siguiente será la negociación entre el Ejecutivo, las eléctricas y los fabricantes; un hito que, según los empresarios, debería preceder a todos los demás.

En las alegaciones remitidas al Ministerio de Industria por Ampy en nombre de todos los fabricantes, la empresa reconoce que la renovación inmediata de los contadores «crearía un vacío en la cadena de suministro a las compañías eléctricas». Este hecho, produciría, además, «graves e irreversibles perjuicios económicos a los fabricantes, debido a la obsolescencia de los actuales equipos».

Fuentes del sector eléctrico, por su parte, advierten que «la obligación de instalar equipos con telegestión, que con el proyecto ahora examinado sería inmediata», tendría «una repercusión económica de gran trascendencia».

Por el contrario, desde el Ministerio de Industria se recuerda que la medida propiciará, precisamente, un ahorro de entre el 2% y el 8% en el recibo de la luz. La nueva tecnología permite una mejor gestión de la demanda de electricidad, lo que se traducirá en aumento de la eficiencia para las empresas. Al mismo tiempo, las eléctricas podrán conocer en tiempo real los hábitos de consumo de los hogares. Esta información permitirá a los comercializadores realizar ofertas personalizadas a los usuarios, para reducir el consumo, y con ello, la factura.