Ochenta días después del anuncio del final de la tregua, ETA volvió a atentar ayer. Lo hizo con una furgoneta bomba y con la intención de matar, como lo demuestra la cantidad de explosivo que hizo estallar -alrededor de un centenar de kilos- y que no avisara de su colocación. El objetivo de los terroristas fue la casa cuartel de la localidad vizcaína de Durango, habitado por guardias civiles y sus familias. La explosión no causó una masacre gracias a que la onda expansiva fue amortiguada por los vehículos blindados que había aparcados ante el edificio.
Si había sospechas de que ETA pudiera tener infraestructura en Portugal -sobre todo después de que el pasado mes de junio la banda tuviera que abandonar un coche con matrícula portuguesa cargado de explosivos en Ayamonte, muy cerca de la frontera-, la circunstancia de que el vehículo en el que huyeron ayer los terroristas hubiera sido alquilado en Lisboa parece confirmar esa hipótesis. La presión de la Policía francesa, que se ha saldado con numerosas detenciones en los últimos meses, podría haber llevado a los etarras a preparar sus acciones en el otro país vecino. Baste añadir que Nicolas Sarkozy reafirmaba ayer mismo en Bayona su compromiso de perseguir sin descanso a los terroristas.
Lo mejor que cabe decir del atentado de Durango es que no ha causado víctimas y que ha tardado en producirse casi tres meses desde el final del alto el fuego, lo cual es mérito de las Fuerzas de Seguridad del Estado -y del Gobierno, que es el que las dirige-, que han parado varios zarpazos de los terroristas en ese tiempo. Lo peor es que la negativa de los concejales de ANV a condenar el atentado confirma lo que parecía evidente para todos menos para el Gobierno y sus socios parlamentarios: que este partido da cobertura a ETA en las instituciones porque es la continuación de Batasuna. Eso significa que el Ejecutivo se equivocó grave e irresponsablemente al no instar a la Fiscalía para que procediese a impugnar todas y cada una de las candidaturas de ANV. Ayer, el PP, los sindicatos policiales de todo signo (SUP, SPP y CEP), la Asociación Profesional para la Magistratura y el Foro Ermua animaron al Ejecutivo a dar órdenes a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que pida al Tribunal Supremo la ilegalización de esa formación.
El atentado ha puesto sobre el tapete otro error del presidente Zapatero: considerar que Batasuna podría ser el instrumento para convencer a ETA de la conveniencia del abandono de las armas. La respuesta cargada de cinismo de su dirigente Pernando Barrena para justificar la acción criminal de ayer, asegurando que el Gobierno ha apostado «por el enfrentamiento armado», es la mejor prueba de que en la Mesa Nacional de Batasuna no hay «hombres de paz» sino peleles de la banda terrorista. Tanto la vicepresidenta Fernández de la Vega como el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, trataron ayer de dar imagen de dureza no sólo ante ETA, sino también frente a su entorno. Su discurso será creíble cuando vaya acompañado de hechos. El Ejecutivo tiene ahora la oportunidad de actuar contra ANV.
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