Los informes se pedirán en un doble sentido: por una parte, reclamarán información sobre la no condena de la formación, el pasado viernes, del atentado contra la casacuartel de la Guardia Civil en la localidad vizcaína de Durango y, por otra, sobre las actividades llevadas a cabo por los concejales electos de ANV desde la toma de posesión de sus cargos el pasado mes de junio.

La intención de la Fiscalía es sumar datos en previsión de que pueda solicitar en el futuro la ilegalización del partido, dado que la no condena no sería suficiente para determinar su ilegalización, añadieron estas fuentes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto actuar en colaboración permanente con la Fiscalía General del Estado, algo que demostraría, en palabras del secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, que el Gobierno sí pretende ahora la ilegalización de ANV.

Terrorismo callejero

A su juicio, el Ejecutivo está tratando de buscar nuevas evidencias que expliquen por qué ahora es posible emprender un procedimiento de ilegalización y antes no lo era.

Para Elorriaga, el Gobierno debería explicar ante la opinión pública el porqué de este cambio de estrategia y de su posición en esta materia. En su opinión, desde hace tiempo «sobran las evidencias de que ANV y el PCTV forman parte de la estrategia de ETA».

En este sentido, explicó que «han sido muchos los elementos de juicio que existieron desde el primer momento», y entre ellos citó la identidad de los candidatos, la documentación interceptada a ETA en la que figuraba la alternativa de ANV y la no condena, no de este atentado, sino de todo el terrorismo callejero que se ha estado produciendo estos meses.

Por ello, considera que este cambio de posición del Ejecutivo se debe a que «una vez que ha fracasado la estrategia de negociación, el Gobierno pretende hacer verosímil una estrategia de dureza».

No obstante, dijo que en esta nueva estrategia «va a ser más fácil la colaboración con el PP, mientras que cuando [el Ejecutivo] ha querido otra cosa era imposible ese encuentro».

Elorriaga apuntó, en este sentido, que los acontecimientos han demostrado que ETA siempre ha querido lo mismo y recordó una afirmación del ministro del Interior en la que aseguraba que la organización terrorista siempre ha pretendido forzar una negociación con el Gobierno. «No puedo estar más de acuerdo con él, lo que no se entiende es por qué se aceptó negociar», concluyó.

Por su parte, el secretario general del PP del País Vasco, Carmelo Barrio, afirmó que es «posible y seguro» jurídicamente ilegalizar a la formación «proetarra ANV por ser parte del entramado terrorista junto con la ya ilegalizada Batasuna y junto con la marca parlamentaria del entorno etarra, el Partido Comunista de las Tierras Vascas».

En un comunicado, Barrio aseguró que la Ley de Partidos y el criterio judicial adoptado en las elecciones pasadas para la impugnación parcial de las listas de ANV son «soportes de peso, además, claro está, de la posición ante los atentados de ETA, que se niegan a condenar las acciones criminales de la banda, y de los informes policiales que vinculan a estas marcas, PCTV y ANV, como instrumentos en la planificación de ETA-Batasuna», informa Efe.

«Todos sabemos que ANV es Batasuna y, por tanto, ETA. Lo sabe el presidente Zapatero, lo sabe el ministro Rubalcaba, lo que hace falta es determinación y voluntad por parte del Gobierno para aportar los elementos necesarios para que esa seguridad moral que tenemos todos se convierta en certeza jurídica», agregó.