Aunque, lógicamente, la preocupación es máxima, hay elementos que abonan la esperanza. El propio desenlace del episodio de Castellón, abortado por la presión policial, prueba una vez más la magnífica labor de las Fuerzas de Seguridad. Con éste son ya cinco los atentados que han evitado desde el fin de la tregua: antes, consiguieron recuperar un coche con explosivos en Ayamonte (Huelva), detuvieron a tres individuos en Francia que iban a entrar en España con una furgoneta bomba, capturaron en Santander a otro terrorista que esperaba un coche cargado de explosivos y descubrieron a un etarra en un control en Torreblanca (Castellón) que se dio a la fuga abandonando en un taxi material suficiente para cargar una bomba lapa. Esa efectividad ha creado un clima de nerviosismo en la banda que le está empujando a actuar con precipitación y a cometer errores de novato. Así, fue la mera presencia de los agentes la que llevó a los etarras a creerse descubiertos, pese a que no habían visto nada anormal tras comprobar las matrículas.

Paralelamente, Interior está tratando de cerrar todos los caminos a ETA. Ayer, mientras anunciaba la firma de un próximo acuerdo con Portugal para crear equipos integrados por policías, jueces y fiscales de ambos países, miembros del servicio de Información de la Guardia Civil viajaban a Lisboa para investigar si la banda dispone de infraestructura o si las pistas dejadas allí son una maniobra de distracción. La colaboración internacional, particularmente la francesa, está permitiendo descubrir zulos y pisos utilizados por los comandos, y en los últimos tres meses ha hecho posible la detención de 23 etarras.

Son reconfortantes las palabras del ministro Pérez Rubalcaba en las que señalaba que ahora hay «más policías, más guardias civiles y más cooperación con otros países» en la lucha antiterrorista, porque revelan que el Gobierno ha cambiado de rumbo y retoma la senda adecuada para derrotar a ETA. Pero no debe olvidar que para lograr ese objetivo la labor policial, sola, no es suficiente. A la vez, deben tomarse decisiones en el ámbito político que erradiquen en el entorno de la banda cualquier esperanza de conseguir sus objetivos con métodos violentos. Por ello, es un avance el hecho de que la Fiscalía vaya a solicitar informes a la Policía y a la Guardia Civil sobre las actividades de ANV, con la intención de ir recabando datos que pudieran desembocar en su futura ilegalización; si bien, estamos convencidos de que hay ya material suficiente para iniciar ese proceso, y que ése debería ser ahora el siguiente paso. La presión de la opinión pública puede terminar consiguiéndolo.