Que se haya llegado a esta esperpéntica situación es responsabilidad tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos. Del aquél, por haber dejado un vacío legal que se remonta a los tiempos en que Rafael Cortés Elvira dirigía el deporte en España, y que ha permitido desde entonces que haya federaciones pirata. Ningún Gobierno ha sido capaz después de encontrar una fórmula para atajar esta burla al Estado. Que toda la respuesta del Consejo Superior de Deportes ante este último episodio que va a vivirse en Mendoza haya sido enviar una notificación a las autoridades deportivas argentinas para recordar que la representación internacional corresponde únicamente a la selección española, demuestra falta de interés por solucionar el problema y hace prever que este tipo de situaciones se repetirán en el futuro. Aunque desde el punto de vista legal el asunto es complejo, puesto que es muy difícil evitar que asociaciones de corte privado celebren encuentros allá donde estimen oportuno, con los precedentes que ha habido ya, Jaime Lissavetzky debería haber encontrado alguna fórmula para evitar que la Ley del Deporte se convierta una y otra vez en papel mojado.

Por lo que se refiere a los gobiernos autonómicos de corte nacionalista -en este caso, el catalán, como otras veces han sido otros-, ha quedado en evidencia su intento de aprovechar cualquier resquicio para conseguir una representatividad internacional que no les permite la ley. Así, financian con descaro este tipo de manifestaciones deportivas y las alientan a través de sus medios públicos de comunicación.

Resulta preocupante comprobar cómo el presidente de la Generalitat, José Montilla, aun siendo del mismo partido que hoy gobierna en España, es capaz de jugar sucio con su presidente. Tanto, como que Zapatero no quiera o no sea capaz de poner fin a este desafío, que ofrece una imagen lamentable de España.