Lo que sí dejó claro es que, en contra de lo que defiende el presidente de su partido, Josu Jon Imaz, es necesario «separar el proceso de paz de la normalización» -la búsqueda de acuerdos para desbordar el Estatuto de Autonomía-, porque la iniciativa política no puede estar a expensas de que ETA «declare un alto el fuego». «La sociedad vasca debe decidir al margen de que exista o no ETA», afirmó. No es la primera vez que Ibarretxe lanza este mensaje. Un anuncio similar llevó al Gobierno de Aznar a impulsar una reforma legal para tipificar como delito la convocatoria ilegal de consultas.

El anuncio se produce en un momento en el que el PNV se encuentra enfrascado en un debate interno que busca unificar las dos sensibilidades que cohabitan en él: la más pragmática, encabezada por Josu Jon Imaz, y la soberanista, personificada en Joseba Egibar.

Y el anuncio que realizó ayer en el Palacio Miramar de San Sebastián, además de quebrar -al menos, conceptualmente- la redacción actual del acuerdo de gobierno que firmaron los integrantes del tripartito (PNV, EA y Ezker Batua), supone un desmarque del actual presidente de su partido, cuya defensa de la transversalidad en la búsqueda de acuerdos políticos, y de la ausencia de violencia como condición previa para consultar a la ciudadanía, le condujo a un duro cruce de declaraciones con sus socios en el Ejecutivo.

Lo más llamativo es que Ibarretxe proclamó que su iniciativa tendrá «el rotundo apoyo de las tres formaciones políticas que están detrás de este Gobierno», incluido el PNV, hecho que invita a preguntar sobre el futuro político de Imaz.

Ayer, el lehendakari lo dejó claro: no mencionó la transversalidad -que implica que cualquier superación del Estatuto de Gernika debe contar con el apoyo de las dos sensibilidades del país, la nacionalista y la no nacionalista-, y desdeñó la ausencia de violencia. Ibarretxe invocó el compromiso que adoptó ante la ciudadanía en 2001, cuando se comprometió a dar a los vascos «la paz y la palabra», y afirmó que la sociedad vasca «debe decidir al margen de que exista o no ETA», así como que «el futuro del País Vasco no lo van a decidir en Madrid el PSOE y el PP».

Marco jurídico

«Yo di mi palabra al pueblo vasco en 2001 y mi vida política acabará cumpliendo la palabra. Para eso estoy aquí. No he venido para ir y venir y, si llueve, mojarme, se lo aseguro».

Ibarretxe incidió en su desafío al Estado al rechazar que las instituciones vascas sean «sustituidas» por las españolas en la aprobación de un marco jurídico político para la comunidad autónoma, tal y como ocurrió con su plan en enero de 2005. «Que nadie se engañe, el futuro de este país no lo van a decidir en Madrid el PSOE y el PP. Quiero ser muy firme en esto. El futuro de este país se va a decidir en Euskadi, y que se les vaya de la cabeza a quienes tortuosamente quieren una y otra vez negar el derecho de este pueblo a decidir su propio futuro».

Ibarretxe se refirió especialmente al PSOE y al papel que ha jugado en Navarra al vetar a los socialistas de esa comunidad conformar un gobierno alternativo al de Miguel Sanz de la mano de los nacionalistas vascos de Nafarroa Bai. Este argumento le llevó a afirmar que la formación de Rodríguez Zapatero no sólo no respeta la voluntad de la sociedad a la hora de definir su futuro, sino que ni siquiera acepta la decisión de sus propios militantes en Navarra.

Pero, más allá, su anuncio pone en una delicada situación a Josu Jon Imaz -cuya continuidad al frente del PNV es objeto de un intenso debate interno-, quien durante las últimas semanas ha querido dejar claro, al margen del partido y a través de artículos de opinión, que los principios que defiende -transversalidad y ausencia de violencia- permanecen inalterados.

Este desmarque de Imaz, con quien coincidió el pasado lunes en la primera reunión de la Ejecutiva de su partido tras las vacaciones, pone de manifiesto que, o bien ha optado por echar un pulso al presidente de su partido, o bien las negociaciones internas han desembocado en la adopción de una línea política de corte soberanista.

Porque el lehendakari aclaró que, pese a las apariencias de división en el PNV y entre los socios del tripartito, su iniciativa, que «tiene que acabar» con «una consulta democrática a la sociedad para decidir su propio futuro», contará con «el rotundo apoyo de las tres formaciones políticas que están detrás» del Ejecutivo.

Al ser interpelado por la posible modificación de los términos del acuerdo de Gobierno al respecto -el texto establece que el Ejecutivo vasco «solicitará al Parlamento autorización para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el acuerdo político alcanzado»-, apuntó que «hay que tener capacidad de adaptación a los nuevos tiempos».

Editorial en página 3

Constitución. Artículo 149.1.32: «El Estado tiene competencia exclusiva en la autorización para la convocatoria de consultas populares por la vía de referéndum».

Ibarretxe (1 de enero de 2004): «Si el País Vasco aprueba un proyecto, en ausencia de violencia y sin exclusiones, todos nosotros vamos a dar nuestra opinión en una consulta democrática».

Imaz (15 de julio de 2007): «¿Qué pasaría el día después si no hubiera acuerdo político con el Estado? No hay que ser adivino para imaginar a ETA matando en nombre de la defensa de una voluntad popular no atendida».