Continuando con la picaresca, otra de las razones que explican el boom en los análisis de ADN -los tests han aumentado un 30% en los laboratorios públicos y un 50% en algunos privados- es que los consulados españoles exigen este tipo de estudios a muchos extranjeros que quieren traerse a sus hijos desde sus países de origen, una respuesta ante los fraudes que ya se han detectado en las reagrupaciones familiares. Para países como Nigeria o China los tests ya son obligatorios, y Asuntos Exteriores quiere extender esa exigencia a República Dominicana, India o Senegal. En el caso de Marruecos, como se ha comprobado este verano en nuestras costas, existe otra posibilidad para que los menores entren y se queden en España, y es que lleguen en patera sin acompañamiento de ningún adulto. Incluso en estos casos hay quienes se hacen pasar por menores de edad sin serlo, por lo que las administraciones recurren a pruebas de medición de cráneo que determinen esa condición.

Es evidente que la capacidad del Estado para controlar este tipo de atajos es muy limitada, y sólo actuando con mayor prudencia y responsabilidad en los procesos de regularización se puede controlar un fenómeno ante el cual el Gobierno muestra un optimismo injustificado. El fracaso de la política seguida es más que evidente y hoy podemos asegurar que hay en nuestro país al menos tantos inmigrantes ilegales como cuando se trató de solventar ese problema con un proceso de regularización masivo y excesivamente anunciado.