Miércoles, 5 de septiembre de 2007. Año: XVIII. Numero: 6471.
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Detenido por no tener 'papeles' un acusado del 11-M al que el tribunal acababa de excarcelar
La Policía se basa en una orden de expulsión de 2005 contra Slimane que de momento no puede ser ejecutada
MARIA PERAL

MADRID.- El libanés Mahmoud Slimane, para quien la Fiscalía ha pedido 13 años de cárcel por su implicación en el 11-M, fue detenido por la Policía ayer por la tarde nada más ser excarcelado por orden de la Audiencia Nacional de la prisión de Ocaña (Toledo). La Policía se basa en una orden administrativa de expulsión dictada en 2005.

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Mahmoud Slimane, de 47 años, abandonó a las 17.30 horas la prisión de Ocaña (Toledo), después de algo más de tres años en prisión preventiva. Fue detenido el 28 de julio de 2004 tras descubrirse su relación con la célula de Jamal Ahmidan, el Chino, uno de los responsables materiales de los atentados.

Nada más ser puesto en libertad, policías adscritos a Extranjería le detuvieron por no tener regularizados los papeles que le permiten vivir en España y le condujeron a la Jefatura Superior de Policía de Toledo. Los agentes esgrimieron una orden administrativa de expulsión dictada en abril de 2005 y que, según el abogado de Slimane, no fue notificada al interesado pese a estar perfectamente localizable, dada su situación de prisión en esa fecha.

En todo caso, la orden de expulsión no podrá ser ejecutada antes de que concluya el proceso penal sobre el 11-M y ello no ocurrirá hasta dentro de varios meses, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que se interpongan contra la sentencia que dicte en las próximas semanas la Audiencia Nacional.

La excarcelación del libanés Slimane, acordada ayer por los tres magistrados que juzgan a los presuntos autores de los atentados del 11-M, es la primera puesta en libertad que se produce desde que concluyó el juicio, el pasado 2 de julio, y antes de que se conozca la sentencia, que se espera para octubre, y significa que la Sala no ha acogido la petición de pena de 13 años de cárcel que realizó la Fiscalía.

El hecho de que se haya acordado la excarcelación de Mahmoud Slimane antes de que se conozca el fallo sobre el 11-M significa que o bien ya ha cumplido la totalidad de la pena que va a recaer sobre él o bien ya ha superado la mitad de la misma.

En ambos casos es obligada la libertad provisional del acusado. En el primer supuesto, porque Slimane ya habría satisfecho su culpa. En el segundo, porque la ley establece que la prisión provisional no puede prolongarse más allá de la mitad de la pena que se imponga en la sentencia.

Lo que sí es seguro es que el tribunal ya ha llegado a una conclusión sobre la responsabilidad penal del libanés y no le ha absuelto (no ha acordado su libertad sino su libertad provisional, lo que significa que sigue encausado) pero no ha acogido la solicitud de pena de la Fiscalía.

La acusación pública pidió 10 años de cárcel para el libanés por colaboración con la organización terrorista que perpetró los ataques del 11-M y tres años más por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales.

En su escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía le incluyo entre los acusados que, «sin conocer específicamente el atentado que se iba a cometer, aunque sí la finalidad terrorista de las actividades» de la célula islamista implantada en Madrid, realizó «tareas de apoyo» como la preparación de documentación falsa. El Ministerio Público destacó los intensísimos contactos telefónicos de Slimane con el Chino; con el lugarteniente de éste, Abdelilah Fadual Akil, al que prestó ayuda en numerosas ocasiones, llevándole a los lugares a los que se desplazaba, y con Mohamed Oulad Akcha, uno de los terroristas que se suicidaron en un piso de Leganés. Los rastreos de las llamadas permitieron conocer que Slimane estuvo la tarde del 11-M en la zona de Morata de Tajuña y el 13 de marzo en Leganés.

La resolución en la que la Sala ordena la libertad provisional de Slimane no da ninguna pista sobre si los magistrados acogen los hechos que la Fiscalía le atribuye ni sobre el delito por el que va a ser condenado. El auto se limita a mencionar «el estado de las deliberaciones» y «el tiempo que el procesado lleva en prisión preventiva», y le impone la obligación de designar un domicilio, comunicar al tribunal cualquier cambio de residencia y presentarse en la Audiencia los días 1 y 15 de cada mes.

El abogado defensor, Cristóbal Gil, celebró la decisión judicial e interpretó que su cliente sólo será condenado por falsedad documental. Fuentes de la Fiscalía no comparten esta tesis y creen que Slimane será absuelto de la acusación de falsedad pero condenado por colaboración con banda armada a una pena de unos siete años de cárcel.

Slimane es el noveno de los 27 acusados por el 11-M que alcanza la libertad provisional.


«No ha habido libertad real», dice su abogado

El abogado de Mahmoud Slimane Aoun, Cristóbal Gil del Campo, afirmó que su cliente no tenía conocimiento de la existencia del decreto de expulsión, emitido en abril de 2005 por la Subdelegación del Gobierno de Jaén. Cree que debió de ser dictado cuando se encontraba en prisión preventiva, acusado de los delitos de colaboración con organización terrorista y falsificación de documento oficial, en relación con el sumario del 11-M.

Gil del Campo, que fue quien comunicó a última hora de la tarde de ayer la detención de Slimane Aoun y su traslado a la Jefatura Superior de Policía de Toledo, subrayó que no se había producido «una situación real de libertad» después de que su cliente fuera arrestado nada más salir de la cárcel, informa Europa Press.

El letrado también avanzó que tiene intención de comunicar la detención a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y añadió que Mahmoud Slimane no había recibido notificación alguna del decreto de expulsión, por lo que no había tenido posibilidad de iniciar acciones legales.

Horas antes y tras conocer la decisión de los magistrados, Gil del Campo se mostró muy satisfecho y valoró la puesta en libertad de su cliente como «una gran noticia», aunque no consideró probable su absolución.

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