Así ocurrió en los ayuntamientos de Gerona, Lérida y Tarragona, todos ellos encabezados por alcaldes socialistas, donde sólo estuvo presente la senyera. Y en Barcelona, cuyo primer edil es también del PSC, la bandera española ondeó en la fachada del Ayuntamiento pero estuvo ausente en la mitad de los distritos de la ciudad, entre ellos algunos tan destacados como los de Gracia, Eixample, Sants o Sarriá.

Evidentemente, el hecho de que se estuviese celebrando el día de Cataluña no supone ninguna excepción que permita incumplir la Ley de Banderas, cuyo texto establece -tal y como ha precisado el Tribunal Supremo- que la enseña española debe ondear «todos los días». Por otra parte, nadie pretende que el 12 de octubre -día de la Fiesta Nacional- se retire la senyera u otras banderas autonómicas para que ondee la rojigualda en solitario.

Quizá pocos encontrarán sorprendente que los alcaldes nacionalistas se empeñen en desafiar esta ley y las resoluciones del Supremo que la reafirman y clarifican. Pero el hecho de que sean los ediles socialistas los que también se distingan por vulnerar ambas pone de relieve la inconsistencia de la posición de Zapatero, responsable por partida doble -como presidente del Gobierno y como líder del PSOE- de que los suyos cumplan la ley. Ante este desafío, que no es nuevo, resulta difícil creer -como José Bono asegura- que Zapatero «no soporta que se viole la legalidad».

Precisamente fue el ex ministro de Defensa quien reveló ayer que el presidente del Gobierno llamó al fiscal general del Estado para que se tomaran medidas contra los autores de las amenazas a la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, por izar la bandera de España en su Ayuntamiento. Pero, si esto fuera verdad, ¿por qué no reacciona Zapatero ante la provocación de su propio partido en Cataluña? Bastaría con que llamase al secretario de Organización del PSOE, al delegado del Gobierno en esa comunidad y a su compañero de Ejecutiva Federal, José Montilla, para conseguir que los alcaldes socialistas cumplieran la ley y colocasen la bandera. Le resultaría como mínimo igual de sencillo que a la nueva presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, quien llamó a los ayuntamientos de su partido en cuya fachada no estaba la enseña española -Santanyí, Llubí y Sineu- y donde a día de hoy ya ondea.

Pero incluso, si Zapatero se viera incapaz de lograr por la vía del liderazgo que los suyos acaten la ley, siempre le quedará la opción de apoyar la iniciativa que el PP piensa llevar al Congreso, y que consiste en que la Ley de Banderas incorpore un régimen sancionador contra aquéllos que la incumplen, de forma que puedan ser inhabilitados para ejercer un cargo público.