¿Cómo puede el Ejecutivo desdeñar un delito contra la Corona, la institución que simboliza la vertebración de la Nación, como algo «menor»? Cuesta sobre todo creer que quien se ha expresado así es además la misma vicepresidenta que hace poco defendía la mucho más cuestionable decisión de la Fiscalía de actuar contra El Jueves por caricaturizar a los Príncipes, aludiendo entonces al «respeto debido y necesario a las instituciones del Estado». Desde luego, no hay justificación para tratar con más gravedad el chiste de una revista satírica que la acción de unos encapuchados cuya intención era de todo menos humorística.

Ahora bien, no menos imprudente resulta que el Gobierno desprecie lo sucedido en Gerona por ser algo «recurrente». Si el Gobierno se refiere a la frecuencia de los altercados tipo kale borroka, antes restringidos al País Vasco y cada vez más copiados en Cataluña, su recurrencia e incremento es estadísticamente atribuible a esta legislatura. Cualquiera puede comprobar que durante el último Gobierno Aznar la kale borroka disminuyó hasta su casi total desaparición en Euskadi, como consecuencia de la modificación del Código Penal y la Ley del Menor para convertirla en delito de terrorismo. Esa es la mejor prueba, por cierto, de que un Gobierno no tiene por qué resignarse al vandalismo de los independentistas como un mal inevitable. Por otra parte, si el Gobierno se refiere a la quema de la foto del Rey, la «recurrencia» es simplemente falsa; difícil es recordar un precedente de ese delito, menos aún con Don Juan Carlos a menos de un kilómetro y ante la pasividad policial.

Como la opinión pública ha podido comprobar atónita, los Mossos d'Esquadra que rodeaban a los manifestantes dejaron que éstos perpetraran su delito sin intervenir. Resulta inaceptable que lo hicieran -como asegura la Consejería de Interior- por no «poner más gasolina al incendio», una desafortunada metáfora para explicar el incumplimiento de su deber.

De los polvos de toda la legislatura llegan estos lodos. Llega el espectáculo de ver cómo un vocal del CGPJ -López Tena- hace una interpretación tan laxa de la ley que considera que estos desmanes «entran en la libertad de expresión». O de un consejero de Gobernación de la Generalitat -Puigcercós- que afirma que «la Fiscalía actúa más por la presión de la prensa más derechista de Madrid» que por la necesidad de mantener el orden.

Aquí lo único recurrente es la política del Gobierno de permitir el incumplimiento de leyes como la de la bandera o la comisión de delitos como el perpetrado contra la Corona, siempre con la excusa de que son incidentes «de muy corto alcance». Es recurrente, pero en ningún caso menor, pues demuestra una irresponsabilidad -entendida como dejación de responsabilidades- inédita en nuestra democracia.