Solbes y Castells alcanzaron un acuerdo sobre la metodología para calcular la polémica disposición del Estatut que obliga al Estado a dedicar a sus infraestructuras al menos un porcentaje equivalente al de su peso en la economía española durante el periodo 2000-2014.

Solbes se negó en rueda de prensa a precisar la nueva cifra resultante y se limitó a decir que será «sustancialmente mayor» a la inicialmente prevista en la Ley de Presupuestos de 2007, es decir, 3.195 millones. Posteriormente, fuentes conocedoras de la negociación confirmaron a este diario que la nueva cifra para este año es de 4.021 millones de euros. Es decir, que la nueva interpretación del Estatut pactada ayer supone otros 826 millones de euros este año, a lo que habrá que añadir el correspondiente aumento en 2008.

Castells y Solbes aseguraron que las cifras se conocerán oficialmente hoy. El conseller pidió no hacerlo antes, porque quería presentarlas previamente al resto del tripartito.

«Hay que cuidar las formas», dijo, aunque aseguró que ya había adelantado el resultado al presidente de la Generalitat, el también socialista José Montilla, y que éste compartió que «el acuerdo es satisfactorio».

El vicepresidente segundo justificó su aumento de generosidad, porque «lo mismo que lo que es bueno para Alemania, lo es para la Unión Europea, lo que es bueno para Cataluña, es bueno para España». Y confió en que la reforzada apuesta por las infraestructuras catalanas impulse «el potencial productivo» de esta comunidad.

«Un problema político»

Solbes admitió que el año pasado él era partidario de una interpretación más restrictiva de esa disposición del Estatut, pero «no era un problema jurídico, era un problema político». Explicó que ha sido necesario negociar con la Generalitat, que había quedado insatisfecha, cuál debía ser la interpretación y, finalmente, se ha acordado que para calibrar qué es inversión del Estado en Cataluña no basta con la de Fomento y Medio Ambiente, sino también la de Agricultura e Industria, especialmente la de investigación y desarrollo de este último Departamento que dirige Joan Clos.

El resultado es un incremento «significativo», según Castells, y un acuerdo «de importancia máxima», porque, en su opinión, supone cerrar una metodología para los siete años de vigencia de la disposición del Estatut. Castells también subrayó que el acuerdo encierra una serie de cláusulas que garantizan que Cataluña no perderá inversiones no ejecutadas. Siempre recibirá, como mínimo, la media de lo ejecutado en los dos años anteriores. Tanto Solbes como Castells aseguraron que no han previsto que el Tribunal Constitucional anule esa disposición adicional por vulnerar la Carta Magna.

El vicepresidente segundo apostó que no se anulará, aunque consideró opinable que se haya introducido en un texto legal de tanto rango como el Estatut. No obstante, admitió que si el Tribunal cuestionara ese capítulo, «se estudiarán las consecuencias».

Al término de esta reunión, Solbes recibió al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que salió menos satisfecho que Castells. «He expuesto claramente que lo que no vamos a permitir es que lo que se tuviera pensado invertir en nuestra región, porque es lo que esta comunidad necesita y lo que está comprometido, se deje de hacer porque lleguen a acuerdos con terceros. Yo estoy aquí como presidente de Extremadura, no como miembro del PSOE. Los intereses que defiendo son los de los extremeños y las extremeñas», manifestó.

«Me parece muy bien lo que digan los estatutos de los demás, y los acuerdos a que se llegue con los demás, pero que, en ningún caso, esto suponga disminuir ni un ápice los compromisos con Extremadura y la inversión», agregó.

Fernández Vara pidió que en los Presupuestos de 2008 se contemplen ya partidas para el AVE en Extremadura.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó el pasado domingo en Gerona que la primera comunidad que tendrá sus cuatro capitales interconectadas por AVE será precisamente Cataluña.