No obstante, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, porque no es la primera vez que se produce un largo periodo de interinidad por la falta de acuerdo de los dos grandes partidos. Como dijo ayer el presidente del Supremo, Francisco Hernando, que de boquilla instó a la renovación, mientras ésta no se produzca, el CGPJ «seguirá desempeñando a plenitud las competencias que legalmente tiene atribuidas». De hecho, al acto de ayer asistió la llamada izquierda judicial y el PSOE, en contra de las previsiones de algún periódico que hablaba de «boicot» dejándose llevar por sus propios deseos.

El mandato constitucional de mayorías reforzadas para la elección de los vocales por el Congreso y el Senado hace imprescindible el consenso entre los dos grandes partidos. Tanto los portavoces del PSOE como el Gobierno han intentado deslegitimar al CGPJ por estar en funciones desde hace 10 meses, pero hay que recordar que la ley no establece un mecanismo para poner límite a la falta de acuerdo. El objetivo socialista está claro: trasladar al CGPJ su mayoría parlamentaria y permitir el acceso a esta institución de los partidos nacionalistas, incluido ERC. Hay que tener en cuenta que el CGPJ es un órgano de carácter político que decide sobre los nombramientos de los magistrados de los altos tribunales, por lo que su control es goloso.

Es evidente que el espíritu con el que nació el CGPJ -cuya elección correspondía, en parte, a los jueces hasta que el PSOE aprovechó su mayoría absoluta para cambiar la ley y politizar la institución- no se corresponde con las actuales reglas que imponen la elección parlamentaria de la totalidad de sus miembros. El PP pudo cambiar las cosas durante su etapa de Gobierno, pero pactó con el PSOE que las asociaciones de jueces propongan y el Parlamento decida.

Los socialistas carecen de autoridad moral para dar lecciones sobre la Justicia, puesto que nada más llegar al Gobierno reformaron la ley para cambiar las mayorías mediante las que el CGPJ elige a los magistrados de los tribunales. Ello supuso un cambio de las reglas de juego en mitad del partido, que se aprobó en contra de la mayoría del Consejo. La reforma fue recurrida por el PP ante el Constitucional.

Así las cosas, no es de extrañar que el PP no acceda a una renovación en la que el PSOE quiere no sólo trasladar automáticamente la mayoría parlamentaria al CGPJ, sino dejar que una institución tan importante sea también controlada por los nacionalistas y los independentistas, como el vocal López Tena, que considera que Cataluña es víctima de un «genocidio» perpetrado por el Estado español.