Estas medidas, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2008, tendrán un coste para el Estado de 784 millones de euros y beneficiarán al menos a un millón de familias, según los cálculos del Ejecutivo. Todos los partidos políticos tacharon ayer de electoralista este subsidio al aquiler impulsado, antes de las generales, por Rodríguez Zapatero.

En busca de un golpe de efecto y para ganarse la confianza y el voto de los más jóvenes, Zapatero no ha esperado a que el Ministerio de Vivienda concretara la batería de medidas con la que pretende facilitar el acceso a una casa a ese colectivo. En principio, el Gobierno había dejado claro que el plan completo no se conocería hasta mediados del mes de octubre, una vez digeridas las propuestas que agentes sociales, comunidades autónomas, corporaciones locales y representantes del sector han trasladado al Ministerio de Vivienda durante estas últimas semanas.

Zapatero, acompañado de la titular del ramo, Carme Chacón, anunció que el Ejecutivo subvencionará con 210 euros al mes y durante un plazo máximo de cuatro años a todos aquellos jóvenes de entre 22 y 30 años que opten o que ya vivan en un piso arrendado.

Podrán solicitar estas ayudas todos aquéllos que puedan acreditar unos ingresos que no superen los 22.000 euros brutos anuales. También formarán parte de este grupo los desempleados que cobren una prestación o los becarios de investigación, aunque no dispongan de un contrato de trabajo.

Para incentivar la emancipación de este colectivo, el Gobierno también concederá préstamos de 600 euros para afrontar la fianza de dos mensualidades que exigen los caseros y ofrecerá avales de seis meses para responder ante posibles impagos. No obstante, habrá que esperar hasta la configuración definitiva del programa del alquiler para conocer cómo se articularán estos apoyos adicionales a los más jóvenes.

La creación de estas ayudas no implicará, sin embargo, la eliminación de las compensaciones creadas durante la etapa de María Antonia Trujillo para este segmento de la población, si bien no serán compatibles.

Las bonificaciones, que están incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y que aún se pueden solicitar a las comunidades autónomas, se sitúan en los 240 euros mensuales para menores de 35 años. Estas subvenciones se concibieron para rentas que no superaran los 16.000 euros anuales y por un periodo máximo de 24 meses. Las ayudas del plan de choque de Trujillo han fracasado, según algunas comunidades autónomas, por la escasa demanda. Las condiciones económicas establecidas excluían a la mayoría de los destinatarios para los que se diseñaron.

El presidente tampoco quiso reservarse el acuerdo al que se había llegado con el Ministerio de Economía para recuperar las rebajas fiscales por alquiler.

La ministra de Vivienda ha logrado que el arrendamiento cuente con el mismo tratamiento que la compra de una casa, pese a los tiras y aflojas que ha mantenido con el Departamento de Pedro Solbes. Además, cualquier inquilino podrá acogerse a esa bonificación, siempre y cuando sus ingresos anuales no superen los 24.000 euros netos (28.000 brutos). En principio, la intención de Economía era focalizar las desgravaciones en los jóvenes.

Así, los arrendatarios que cumplan con estos requisitos se beneficiarán de una deducción del 10,05% para de las cantidades destinadas al pago de la renta (hasta un máximo de 9.015 euros), equivalente a la que existe por compra de una residencia.

Este porcentaje se corresponde con el tramo estatal del IRPF, al que se suma la tasa deducible que fijan las comunidades autónomas por este capítulo. En el caso de la adquisición de primera vivienda, la rebaja general se sitúa en un 15%.

Para suerte de los destinatarios, tanto ayuda como desgravación serán compatibles.

Según los cálculos del Ejecutivo, estas medidas supondrán un coste para las arcas del Estado de 784 millones de euros. En concreto, Hacienda dejará de ingresar 348 millones por el recorte de ingresos fiscales, mientras que las ayudas -cuyo monto asciende a 436 millones de euros- se cubrirán con una partida presupuestaria del Ministerio de Vivienda.

Se estima que en el primer año, 361.000 jóvenes se beneficiarán de las subvenciones directas y unas 700.000 familias de las desgravaciones. En total, serán más de un millón de hogares lo que podrán acogerse al plan.

Una vez que el Ejecutivo tiene claros los incentivos para los inquilinos, seguirá trabajando, según precisó Chacón, en el resto del programa de fomento del alquiler codo a codo con Economía. En líneas generales, avanzó que las nuevas iniciativas irán encaminadas a mejorar seguridad para los arrendadores y el fomento de la oferta mediante la construcción de pisos y la puesta en el mercado de los que están desocupados. Además, Vivienda prevé implicar al sector privado en el impulso del parque de alquiler. «Creemos que el aumento de la demanda se verá correspondido con el incremento de la oferta», auguró la ministra.

Por último, Zapatero incidió en que este plan, además de ayudar a los jóvenes, estimulará la movilidad laboral y supondrá un «impulso» al sector de la construcción.