El concepto alude a los privilegios que gozan 500.000 empleados del sector público y otro millón de jubilados. Pertenecen a categorías que antes estaban relacionadas con un particular desgaste físico -transportes, electricidad, gas...-, pero el presidente francés, consciente del peso de semejante anacronismo, considera que deben armonizarse sus condiciones de trabajo y de jubilación con las del resto de la clase funcionarial.

La iniciativa es delicada, porque los regímenes especiales forman parte del patrimonio sindical e identitario francés. El ex presidente galo Jacques Chirac trató de suprimirlos en 1995, pero la brutalidad de las huelgas y la resistencia popular le obligaron a retirarse y a colocar en la guillotina la cabeza del primer ministro Alain Juppé.

Sarkozy podría encontrarse con un escenario parecido, pero su discurso de ayer en el Senado redundó en la idea de la concertación y excluyó la tentación del decretazo. Es decir, que sindicatos y empresas están invitados a sentarse para establecer las condiciones específicas de cada sector. Porque no es lo mismo el trabajo de un marinero o un minero que el de un conductor de trenes o un empleado del gas.

«Desde mañana»

Ahora bien, la reforma va a hacerse. «Desde mañana», tal como precisó Nicolas Sarkozy en un pasaje de su discurso. No distrajo casi nunca la mirada del pentagrama ni se concedió momentos de espontaneidad, aunque resultaron llamativas sus alusiones explícitas a los colegas del Gobierno. Quizá porque ha comprendido el riesgo del absolutismo o porque quiere compartir el desafío que supone hincar el diente a los privilegios laborales.

«Nuestro sistema de seguridad social es insostenible financieramente», señaló el presidente. «Ha llegado la hora de emprender las reformas, de acabar con viejos privilegios y de revalorizar el trabajo, potenciando la igualdad de oportunidades y creando las condiciones de empleo», añadió.

El proyecto empieza con la suspensión de las 35 horas. Una conquista socialista de la era Jospin que Sarkozy considera nefasta y cuya revisión al alza se añade a otras medidas más o menos revolucionarias en fase de realización. Por ejemplo, el replanteamiento de la financiación del sistema sanitario y la penalización fiscal de quienes se jubilen prematuramente.

No van a tenerlo fácil los parados profesionales. Sarkozy promete medidas contra los vampiros del asistencialismo. En compensación, se declaraba ayer partidario de mejorar las pensiones más frágiles.

Fue un discurso de una hora que la oposición y los sindicatos siguieron en directo en la televisión. Lo hicieron con desencanto, ya que Henri Emmanuelli (Partido Socialista) apuntaba ayer que la reforma social de Sarkozy se atiene al dictado de la patronal, beneficia la precariedad laboral y desprotege la situación de muchos ciudadanos.

No le gusta tampoco a las centrales de trabajadores el modo en que Sarkozy maneja el concepto de la flexibilidad laboral. «Estos discursos deterioran el clima social. Se percibe un enfoque unilateral preocupante. No deben descartarse las movilizaciones», señalaba Bernard Thibault en nombre de la CGT.

Suspensión de los 'regímenes especiales'. Unos 500.000 empleados del sector público y un millón de retirados gozan de un estatus ventajoso de jubilación y de pensión que Nicolas Sarkozy quiere rebajar a la altura de los demás funcionarios.

Abolición de la jornada laboral de las 35 horas. Cada empresa puede consensuar el nuevo régimen con los trabajadores.

Penalización fiscal. Se aplicará a quienes decidan jubilarse prematuramente. Pero se incentivará a los que prolonguen la actividad después de los 65 años.

Persecución del fraude laboral. Se perseguirá también a los 'parados profesionales', es decir, a quienes permanecen en paro pese a habérseles ofrecido trabajo.

Revisión al alza de las pensiones más frágiles. Las primeras: de viudedad.