El Gobierno, fiel a la alegría presupuestaria con que viene precocinando las elecciones generales de marzo, ha prometido que concederá a los jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros, ayudas mensuales de 210 euros para el alquiler, más otros 600 euros de préstamo para la fianza, más un aval de seis meses por el importe del contrato para cubrir impagos. Además, estas subvenciones, que comenzarán a concederse el próximo 1 de enero, se complementarán con deducciones del IRPF por alquiler hasta un máximo de 9.015 euros anuales, lo que supone una desgravación similar a la existente por compra de vivienda.

El Ejecutivo estima que los subsidios directos, prorrogables hasta 48 meses, beneficiarán a 361.000 jóvenes, y admite un incremento del gasto público anual de 436,5 millones, así como una reducción en los ingresos por IRPF de 348 millones. Es decir, en contra de la austeridad recomendada por los expertos ante la eventualidad de un cambio de ciclo, Zapatero vuelve a echar mano de la hucha pública -como ya hiciera con la promesa de 2.500 euros por nacimiento, con el plan bucodental, o con la anunciada subida de pensiones-, para ribetear el programa del PSOE y adornar de urgencia la nula gestión del Ministerio de Vivienda. La premura, el efectismo, una largueza irresponsable y un descarado electoralismo, denunciado ayer por todos los partidos, parecen los motores de unas iniciativas presentadas pomposamente bajo el epígrafe Apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, y cuyo objetivo principal no es otro que captar el voto joven con dinero público. Cabe preguntarse, de hecho, por qué un colectivo habitualmente menesteroso, como el de los inmigrantes con menos de cuatro años de residencia, queda excluido de estas ayudas. La respuesta es obvia: no tienen derecho de voto.

Es muy dudoso que estas iniciativas sirvan para incentivar una cultura del alquiler, si bien es muy probable que la perspectiva de una subvención, una fianza y un aval de arrendamiento a cargo del Estado repercutan en el encarecimiento de los alquileres, así como en el relajo de las obligaciones de no pocos inquilinos. Eso sin mencionar la maraña procesal a la que se vería abocado un Estado impelido por ley a litigar contra particulares ante posibles impagos. Para incrementar el parque de pisos en alquiler es preceptivo proteger a los propietarios frente a los inquilinos no deseados, en lugar de abundar en la cultura del subsidio con la vista puesta en las urnas. El Gobierno ha anunciado también otras medidas complementarias para mejorar las garantías de propietarios e inquilinos, y para incrementar la implicación empresarial en el mercado del alquiler. Habrá que aguardar a conocer su contenido para valorar un Plan de Vivienda que, de momento, no pasa de ser un ejemplo de electoralismo de alquiler.