La vicepresidenta del Gobierno ofreció ayer en el Congreso un recital de su capacidad para eludir una pregunta bien concreta. La cuestión, planteada por el secretario general del PP, era si el Ejecutivo se comprometía a ordenar a partir de hoy que la bandera española ondee en todas las instituciones gobernadas por el PSOE y a denunciar los casos en los que se incumpla la Ley de Banderas. De la Vega debió pensar entonces que si no se sabe o no se puede contestar a una cuestión, lo mejor es arremeter contra quien la plantea.
Según la vicepresidenta, el PP está utilizando la bandera y la Corona para «la confrontación política», intenta un «desbordamiento democrático» y crea crispación. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque el principal partido de la oposición se ha atrevido a pedir al Ejecutivo socialista que haga cumplir la ley, por lo menos, en aquellas instituciones donde los suyos gobiernan.
Desde que cometió tal osadía, el PP se ha encontrado con la misma respuesta que el PSOE le dio con respecto a la lucha contra el terrorismo, y es la de que los populares utilizan aquello que afecta o pertenece a todos «con intereses partidistas». Las respuestas del Ejecutivo y el PSOE han sido tan variopintas como falsas. Por un lado, José Blanco ha asegurado sin empacho que los ayuntamientos socialistas están cumpliendo la Ley de Banderas, cuando EL MUNDO publica a diario evidencia gráfica de muchos -San Sebastián, Irún, Tarragona, etc.- que a día de hoy siguen sin hacerlo. Con el mismo descaro, ayer la vicepresidenta replicaba al PP que la convivencia está ligada a «respetar» a los Tribunales. Pero, ¿no ha sido lo bastante claro ya el Supremo respecto a la obligación de exhibir la enseña española como para que el Gobierno inste a sus delegados a que se cumpla el fallo en todos los ayuntamientos o al menos en aquellos gobernados por socialistas que mantienen su desafío?
Por último, tanto la vicepresidenta como el propio Zapatero han echado en cara al PP que la ley de banderas también se incumplía cuando ellos gobernaban, omitiendo que fue el Gobierno de Aznar quien en 2002 promovió un contencioso contra el Ejecutivo de Ibarretxe ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por incumplir la obligación de colocar la enseña española, y que es ese proceso el que finalmente ha desembocado en la sentencia del Alto Tribunal del pasado 31 de julio.
Aún así, tanto escapismo dialéctico podría haber caído en el olvido si ayer De la Vega hubiese aprovechado la oportunidad brindada por el PP para decir de forma clara y contundente que el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley. Fue incapaz de hacerlo, y con ello volvió a dejar patente que el Gobierno prefiere acumular y conservar posiciones de poder cediendo a los deseos de los nacionalistas que proteger los símbolos -y con ello el fondo- de la España constitucional.
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