El fiscal, Luis Rodríguez Sol, que ayer expuso su informe final, solicita para Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, Juan de Justo, su secretario personal, y el hoy coronel jefe de la UCO, Félix Hernando, penas de siete, cinco y dos años de cárcel, respectivamente, además de inhabilitación absoluta. Los tres son acusados también por el abogado del Estado y por la acusación popular que ejerce la letrada Begoña Lalana.

En el banquillo se sientan, como responsables civiles, los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez y sus esposas, Marian Acedo y Alicia Sánchez. En su caso no se enfrentan a ninguna pena, sino que de lo que se trata es de que reintegren al erario público los 260 millones de pesetas que recibieron entre agosto de 1988 y enero de 1994. En el relato del fiscal, los hechos encajan como un guante. Los pagos a Amedo y Domínguez que Vera ordenó tenían por finalidad «garantizar el silencio» de los dos antiguos policías para que no delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre ellos el propio Vera. Por eso las entregas de dinero comenzaron cuando el juez Garzón les encarceló y acabaron cuando Vera cesó en su cargo.

En el procedimiento están los 41 boletos sellados de visitas a la Secretaría de Estado para la Seguridad entregados por la esposa de Domínguez a Garzón, justo los que corresponden a los meses que transcurrieron entre agosto de 1988 y septiembre de 1991, cuando ella se encargó de ir a recoger los pagos mensuales de 450.000 pesetas en metálico. Y se encuentra también el sobre manuscrito por De Justo con la palabra «Marian». Está, además, el famoso maletín en el que viajaron a Ginebra los últimos 50 millones de pesetas entregados. «¿Cómo se hicieron con tal cantidad de pruebas si no es porque las obtuvieron de sus benefactores?», se preguntó el fiscal, que pidió a la Sala que tenga en cuenta las declaraciones sumariales de las dos parejas y no la retractación que han hecho en el juicio, donde se han negado a declarar.

Rodríguez Sol recordó la queja del abogado de Juan de Justo al principio de la vista: «Este juicio resucita los fantasmas del pasado», dijo Javier Lozano. «Pretendemos lo contrario: enterrar los fantasmas que siguen revoloteando sobre este asunto», rebatió el fiscal. «En las historias de fantasmas», añadió, «éstos vagan por haberse cometido una injusticia y no descansan hasta que esa injusticia se repara. Aquí no hablamos de fantasmas con sábanas blancas, sino de maletines con dinero en cuentas suizas».

«Que todo vuelva a su sitio, que el dinero vuelva a las arcas del Estado, de las que nunca debió salir, y que los responsables paguen por ello y entonces esos fantasmas pondrán descansar».

Vera aprovechó su derecho a la última palabra para rectificar al fiscal. «Hay que quitar las sábanas a los fantasmas. Yo he pedido siempre que se desclasificasen los fondos reservados y estaría encantado de hablar de las ayudas a jueces y fiscales que se les facilitó igual que a las esposas de Amedo y Domínguez».

Y añadió: «Hice lo que debía en aquellos momentos tan difíciles y probablemente volvería a hacerlo, no con los mismos colaboradores, pero sí con otros. A mí me han convertido en un hombre corrupto pero no indigno».

Las defensas denunciaron la «ausencia total de pruebas objetivas» del delito de malversación que se imputa a Rafael Vera, Juan de Justo y Félix Hernando. También criticaron la excesiva duración del procedimiento -«que debe conducir a su archivo», dijo Manuel Cobo del Rosal, abogado de Vera- y la nulidad de las actuaciones, por haber tenido su origen en las «coacciones y presiones» del juez Baltasar Garzón, que «obligó» a declarar a Amedo y Domínguez y a sus esposas bajo la amenaza de la cárcel.