Las nuevas medidas sociales anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero prosiguieron ayer levantando ampollas. El diputado de CiU Jordi Jané denunció que las ayudas para el alquiler destinadas a jóvenes anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, especialmente las subvenciones, «pisotean de manera clara y directa» el Estatuto de Cataluña.
«El Estatuto establece que la actividad de fomento y subvención se le atribuye de manera exclusiva en las materias que son su competencia», recalcó Jané, que señaló que el Plan Nacional de Vivienda 2005-2008 es «más respetuoso» al dejar en manos de las comunidades autónomas que determinen el alcance y a quién se concedan las ayudas.
Jané compareció en rueda de prensa en el Congreso junto al también diputado de CiU Josep Sánchez Llibre y subrayó la «falta de respeto» al Parlamento que supone haber presentado las medidas en La Moncloa sin antes hacerlo en la Cámara.
El parlamentario calificó las nuevas medidas de «sorprendentes» y restrictivas al limitarse a una franja de edad entre 22 y 30 años, frente a las actuales, que se extienden a todos los menores de 35 años. «¿Qué razón constitucional existe para excluir de estas ayudas a un joven de 21 años?», se preguntó Jané, que señaló también que las nuevas ayudas suponen una reducción anual de 360 euros con respecto a las ya en vigor.
El diputado del Grupo Catalán recordó que la ministra tiene prevista su comparecencia ante la Cámara la próxima semana para explicar sus proyectos en materia de vivienda. «Antes de ello lanza un propuesta escaparate en Moncloa, con la intención de venderla en diversos medios», señaló.
Sánchez Llibre calificó las medidas de «chapuza» que puede llevar al Estado a «malgastar 800 millones de euros», si redundan en un aumento del precio de los alquileres, tesis que, según el diputado catalán, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, comparte. «Si esta situación se produce, estaríamos ante un fraude político de gran envergadura», aseveró Sánchez Llibre.
A su juicio, el plan del Ejecutivo es «una auténtica chapuza política y un fiasco que llega muy mal y muy tarde, planteado desde una perspectiva electoralista, precipitado y que puede llegar a ser carísimo».
Si CiU fue dura con el plan de Zapatero, no lo fue menos el PNV, que también arremetió contra las políticas sociales del Ejecutivo porque, según su portavoz, Josu Erkoreka, están sirviendo «una vez más» para «invadir» de manera «descarada» competencias autonómicas.
Erkoreka, que tachó esta medida de «totalmente electoralista», denunció que con la misma el Gobierno irrumpe «ilegítimamente» sobre dos ámbitos competenciales de titularidad autonómica, como lo son la juventud y la vivienda.
Por ello, el portavoz nacionalista pidió al Ejecutivo que especifique en qué título competencial se va a apoyar para poner en marcha su plan, no sin insistir en que este tipo de iniciativas «no deberían ser aplicables en las comunidades que tienen estas competencias sectoriales».
En su opinión, el Gobierno ha entrado en una «dinámica perversa», en tanto en cuanto hace públicas medidas que son objeto de «gran aceptación social» y que impiden que ni «el más acérrimo defensor de las competencias autonómicas pueda aparecer ante la opinión pública como alguien que se opone a las mismas». «Es una dinámica perversa, pero el Estado está empeñado en mantenerla», lamentó.
En cualquier caso, Erkoreka indicó que habrá que esperar a ver cómo se articula el plan de vivienda, que se pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2008, para que su grupo fije cuál será su posición.