El independentista catalán aseguró que con su actuación pretendía mostrar una «opinión política»: el «rechazo» a la presencia de los Monarcas en Cataluña.

Pedraz decidió continuar adelante con el proceso penal contra Roura, pero no obstante dejó al joven en libertad provisional sin medida cautelar alguna contra el criterio de la fiscal Blanca Rodríguez.

La representante del Ministerio Público interesó al juez que impusiese al imputado una fianza de 10.000 euros a prestar en el plazo máximo de 48 horas. Además, pidió que le fuese retirado el pasaporte, que se le prohibiese abandonar el territorio nacional sin autorización judicial y su presentación semanal ante el juzgado más próximo a su domicilio.

La Fiscalía pareció pretender así enviar el mensaje de contundencia que no mostró el pasado lunes, cuando ninguno de sus representantes asistió al interrogatorio del articulista y de los humoristas de Deia imputados también por injuriar al Rey.

La fiscal fundamentó esta batería de contundentes medidas cautelares en «la gravedad de los hechos inicialmente imputados a Jaume Roura, constitutivos de un delito de injurias graves contra la Corona», y en que, a su juicio, «existe un evidente riesgo de que el imputado pueda tratar de eludir la acción de la Justicia».

No lo apreció así Pedraz, que consideró que no se da ese riesgo de fuga, que no quedan más diligencias por practicar y no hay pruebas que puedan destruirse, y que el delito del que se acusa a Roura no lleva aparejado pena grave, siguiendo así el argumentario del abogado de la defensa, Benet Salellas.

Fuentes jurídicas confirmaron a EL MUNDO que Roura se negó a identificar al otro encapuchado que, junto a él, quemó las cajas con imágenes de los Reyes. Además, señalaron que el joven enmarcó su actuación dentro de su «voluntad de participar en los asuntos públicos», en el ejercicio de su «libertad de expresión» y como medio para mostrar su «opinión política» contraria a la Monarquía.

Sobre Roura desde ayer pesa, por tanto, una imputación judicial por injurias al Rey y a la Reina en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, castigado con una pena de hasta dos años de prisión en su supuesto más grave, que es por el que le acusa la Fiscalía.

En todo caso, Roura no ingresaría en la cárcel, puesto que carece de antecedentes penales.

En su auto, Pedraz (que también interrogó a los dos mossos que identificaron a Roura) da por concluidas las investigaciones y transforma las diligencias previas abiertas al joven independentista en un procedimiento abreviado, iniciando la preparación del juicio oral contra él.

Para ello, concede 10 días de plazo a la Fiscalía para que presente el escrito de acusación. La decisión judicial no es firme, ya que cabe recurrirla primero ante el propio juez y luego ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.