Después de una deliberación maratoniana, el Tribunal Supremo de Chile dispuso que Fujimori sea trasladado a su país, donde deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por cargos de corrupción y violación de los Derechos Humanos. El dictamen de la sala que preside Alberto Chaigneau sienta un precedente histórico.

Se trata de la primera vez que el ex gobernante de un país será devuelto a su tierra para enfrentarse a la Justicia.

La fiscalía de Perú considera a Alberto Fujimori responsable directo de la masacre de Barrios Altos, en 1991, en la que efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) asesinaron a balazos a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, reunidas en una fiesta vecinal. El juez peruano Alberto Cárdenas pide que el ex jefe de Estado sea condenado a cadena perpetua por este delito y por el secuestro y ejecución en 1992 de nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad de La Cantuta.

A estos dos crímenes de lesa humanidad se suman otros 10 delitos de «venalidad, perjurio y abuso de poder», entre los que destacan el pago de un soborno de 15 millones de dólares a parlamentarios de la oposición y la malversación de unos fondos que el Banco Mundial había transferido a Lima a raíz del terremoto de 1995.

Alberto Fujimori, quien gobernó Perú durante la década de los 90, llegó por sorpresa a Chile el 11 de junio de 2005 tras haber permanecido durante cinco años en Japón. Conocido el dictamen, un contingente de 40 efectivos de las fuerzas especiales de la Policía, se desplegó en torno al domicilio de Fujimori en el exclusivo barrio de Chicureo.

El propio dueño de la casa, que se encontraba bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2006, abrió la puerta a Eduardo Löben, el funcionario que le notificó por escrito el fallo del tribunal. Después de mediodía, el enviado de EL MUNDO fue recibido por el ex mandatario peruano junto a un grupo de periodistas japoneses en el jardín de su domicilio y bajo una fuerte custodia policial. «Nunca pretendí eludir a la Justicia y haré frente a todas las acusaciones que se me impugnan. Tengo la conciencia y las manos limpias», expresó el ingeniero de 69 años.

Sonriente y acompañado por su hija Sashi, el descendiente de un matrimonio japonés que emigró a Perú en los años 40 dijo que no comparte, pero «entiende» el veredicto de los jueces chilenos, a quienes calificó de «competentes y rectos». Fujimori tenía sobradas razones para elogiar a los mencionados jueces, ya que éstos desestimaron seis de los cargos de corrupción que se le imputaban.

Esta decisión es inapelable y no puede ser recurrida por los tribunales de Lima. A primera hora de la tarde, el ministro chileno de Exteriores, Alejandro Foxley, informó de que el operativo para trasladar a Fujimori a Perú se encuentra en marcha, pero que aún no se ha fijado un horario para llevar a cabo la extradición.

Capítulo cerrado

Hasta entonces, El Chino, como se apoda en Perú a Alberto Fujimori , permanecerá en la Escuela de Gendarmería, en la misma habitación en la que estuvo recluido durante 10 meses.

La presidenta chilena Michelle Bachelet, se declaró satisfecha con el fallo del alto tribunal: «Como Gobierno, jamás hacemos comentarios sobre ese tipo de decisiones, pero me complace que los jueces hayan podido desarrollar su labor con tranquilidad». En cuanto a los cargos que pesan sobre Fujimori, la presidenta subrayo que «la Corte chilena no ha emitido un veredicto condenatorio. Está en manos de la Justicia peruana determinar si Fujimori es inocente o culpable».

Bachelet telefoneó a su homólogo peruano, Alan García, para comunicarle la noticia que éste esperaba con impaciencia, prácticamente desde que asumió su cargo, en junio de 2006. Según un alto funcionario del Gobierno peruano, García le comunicó a su interlocutora que, cerrado este capítulo, Chile y Perú podrán resolver «en un clima auspicioso», otros asuntos como el pleito sobre los límites marítimos.

El portavoz del Gobierno chileno, Ricardo Lagos Weber, se permitió expresar un juicio valorativo: «Chile tiene un compromiso inquebrantable con los Derechos Humanos y bajo esa premisa funcionan nuestras instituciones», dijo el funcionario. Para muchos de los peruanos que residen en Chile, y para las asociaciones civiles que reclamaban desde el principio la entrega del hombre que dirigió Perú con mano de hierro, la de ayer fue una jornada festiva. «No hay palabras que describan la trascendencia de este fallo que pone en igualdad de condiciones (ante la ley) a los autores de crímenes de lesa humanidad, sin importar su rango o condición social», declaró Pedro Vivanco, portavoz de la organización Human Rights Watch.