Fue de madrugada cuando José Rodríguez Salvador salió del centro penitenciario en un coche facilitado por la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat para garantizar su seguridad. Hacia mediodía salió de Tarragona y entró en Castellón acompañado por sus familiares, según explicaron fuentes policiales a EL MUNDO. En el vehículo iban también sus padres «y algún familiar más», según dichas fuentes, que podría ser su hermano, a pesar de que se había especulado en los últimos días con que su familia le había dejado de lado.

Un vehículo camuflado de los Mossos d'Esquadra lo seguía a cierta distancia y dio el aviso de que había abandonado su radio de acción. Su seguimiento «no invasivo» es ahora cosa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, a los que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado instrucciones para que lo vigilen de forma discreta. Pumpido confía en que el Tribunal Supremo «diga la última palabra» sobre la puesta en libertad de esta persona, que no está rehabilitada, que tiene un alto riesgo de reincidir y que fue condenado por 17 agresiones sexuales.

Una de las posibilidades que se estudió sobre cuál sería su paradero es la vivienda de un tío paterno en Andalucía, pero fuentes cercanas al caso explicaron ayer a este diario que en el sur «comenzaba a proliferar una expectación y atención mediática que impediría el anonimato que busca» el excarcelado.

Ahora se baraja otra opción, mucho más discreta y que poco a poco va cobrando mayor fuerza. José Rodríguez puede haberse marchado a una orden religiosa de Costa Rica. Esta posibilidad casaría con las palabras que dijo a un funcionario de prisiones esta misma semana: «Quiero dedicarme exclusivamente a mi familia y a una orden religiosa», que, al parecer, ha estado visitándole en el centro penitenciario durante los últimos meses.

En caso de que así fuera, sería el mismo procedimiento que empleó la Consejería de Justicia de la Generalitat en 2001, facilitando una plaza a Francisco López Maíllo, conocido como el violador del Ensanche, en una orden religiosa de la República Dominicana, país en el que falleció pocos meses después de contraer una enfermedad degenerativa.

El abogado de Rodríguez Salvador, José Angel Plaza, dijo ayer que su defendido «es muy consciente de que no puede estar en un lugar en el que pueda ser reconocido» por «la publicidad de su libertad». Recordó que «ya es un hombre libre» y se cuestionó si es legal que se le practique una vigilancia no invasiva, siendo una persona que ya ha saldado sus cuentas con la Justicia. «Si se comete algún tipo de delito como acoso o algo por el estilo, ya veríamos qué repercusión tiene», advirtió.

La clase política no se mantuvo al margen de opinar sobre esta excarcelación. El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, se mostró dispuesto a estudiar posibles reformas legales con el Gobierno para evitar que se vuelva a repetir este tipo de casos. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, se mostró partidario de vigilar a Rodríguez Salvador de una forma no invasiva, como puso en marcha el fiscal general.

Por contra, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Angel Gimeno, afirmó ayer que las penas deben cumplirse sin cambiar las normas según las circunstancias, y que la alarma social creada a raíz de la puesta en libertad del violador de Valle de Hebrón es «exagerada e innecesaria» porque, a su entender, «perjudica tanto a los delincuentes como a las víctimas». Y añadió que a este asunto «no hay que darle tanta importancia».