El agravio más escandaloso lo sufre la Comunidad de Madrid, en la que el Gobierno invertirá los mismos 2.600 millones de euros que el año anterior, es decir, «un cero patatero Zapatero» de aumento, en palabras de Esperanza Aguirre. En los últimos tres ejercicios, el Ejecutivo no ha aprobado ninguna obra nueva en esta comunidad, por lo que la inversión supone la mera continuación de las infraestructuras planificadas en la etapa de Aznar.

Da toda la impresión de que Zapatero se ha querido vengar de la debacle electoral cosechada por el PSOE en Madrid en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. El presidente, que siente escaso aprecio por todo lo relacionado con la capital, no ha perdonado la patada de los madrileños a su amigo Miguel Sebastián, que tuvo que abandonar la escena política.

La comunidad de Madrid tiene motivos para sentirse relegada por el Gobierno, pero igual sucede con La Rioja, una región pequeña y gobernada por el PP -tenía todas las papeletas...-, a la que se ha castigado también con un aumento del 0% en la inversión en infraestructuras.

Otras cinco comunidades con escaso peso electoral han salido perjudicadas en el reparto de los Presupuestos. Son Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Cantabria y Murcia. Extremadura, por ejemplo, sólo obtiene un 8% de incremento pese a ser el territorio con menor renta per capita. Ello contrasta con el 36% de aumento de Cataluña y el 21% de Andalucía, las dos comunidades que han pactado previamente de forma bilateral con el Gobierno sus inversiones.

La voluntad de primar a Cataluña sobre el resto es tan flagrante que el Gobierno ha incluido una partida de 722 millones bajo la rúbrica «proyectos a determinar», lo que carece de precedentes ya que el gasto presupuestario siempre está vinculado a acciones concretas y no a posibilidades genéricas.

Aunque la inversión en infraestructuras va a crecer un 25% en Valencia, esta comunidad se considera también discriminada ya que su financiación se ha calculado sobre una población muy inferior a la real y además incluye las obras excepcionales del AVE, ya planificadas con anterioridad.

La lectura política que se puede hacer de este reparto es que el Gobierno ha renunciado a utilizar la inversión pública para favorecer el equilibrio territorial y ha optado por hacer de ella un instrumento para compensar a sus aliados y amigos. Peor que ello todavía es que Zapatero haya pactado bilateralmente con Cataluña y Andalucía, a las que ha concedido claros privilegios. El presidente no se podrá quejar si comunidades como Madrid se sienten agraviadas tanto por la forma como por el fondo de la distribución territorial de la inversión pública.